Miércoles 22/05/2019.

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Peritos de Hacienda e IGE desmontan a las defensas sobre gastos del 1-O al ver perjuicio aunque no se abonaran

La Sala rechaza que la ratificación de los informes produzca indefensión a los encausados

Tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) que han comparecido este miércoles ante la Sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo han desmontado las tesis de las defensas sobre la ausencia de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.

Según las expertas, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, de puesta en marcha de webs o de diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.

Por otra parte, las perito se han referido a otros aspectos de los hechos sostenidos por la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación popular ejercidos por Vox para apuntalar sus acusaciones de malversación, como los realizados por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) o las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Amabas entidades forman parte de la hacienda pública catalana, tal y como han puntualizado las expertas una de las cuales ha puntualizado que los servicios públicos "no son gratuitos".

Hasta el receso de la hora de comer, las expertas han contestado a varias cuestiones concretas realizadas por la fiscal Consuelo Madrigal. Comparecían en unidad de acto que por un lado las tres funcionarias de hacienda que realizaron el informe sobre "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum", que son Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra.

Las completaba en la práctica de la prueba la perito propuesta por la Abogacía del Estado para ratificar un informe emitido el 29 de octubre de 2018 por la Intervención General del Estado a solicitud del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ha procesado a una veintena de altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y ha sido aportado al Supremo. Se trataba de la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega.

INTENTO DE ANULACIÓN DE LAS DEFENSAS

Antes de que se iniciará la prueba en sí ha tomado la palabra el abogado del exconsejero Carles Mundó, Josep Riba, que ha formulado su protesta por la indefensión que le produce no haber tenido conocimiento hasta el momento de las conclusiones de los informes periciales, lo que impide que pueda someter sus conclusiones a contradicción. A ello se añade el hecho de que una de los peritos de la Fiscalía, Carmen Tejera, sea la misma persona que auxilió a la Guardia Civil en su investigación.

A estas quejas se han unido las de otras cuatro defensas de exconsejeros de Puigdemont, que ha planteado que además hay que tener en cuenta que no han podido proponer una contrapericial sobre los supuestos gastos atribuidos a sus clientes.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, les ha recordado que la ausencia de informe conclusivo pesa también sobre otras periciales, esta vez de las defensas, como la de carácter médico propuesta por la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva sobre lesiones sufridas por policías del 1-O. Ha añadido que los documentos sobre los que se han basado las perito para realizar su trabajo constaban en el sumario.

Por su parte, tanto la fiscal Madrigal como la abogada del Estado han impugnado estas quejas al considerarlas extemporáneas, puesto que la existencia de los informes periciales era conocida desde el pasado mes de diciembre y las defensas no las habían impugnado.

El tribunal se ha retirado a deliberar diez minutos y finalmente ha acordado rechazar las quejas e iniciar la pericial advirtiendo que "si a lo largo del desarrollo de la pericia hubiera algún elemento que se detectara indefensión" se aplicarán los procedimientos procesales "para poder anular ese elemento de indefensión", en palabras de Marchena.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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