Martes 14/08/2018.

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Patrimonio no deja entrar en el Valle de los Caídos a los familiares de los cuerpos que serán exhumados

Patrimonio Nacional no ha dejado acceder al Valle de los Caídos a los familiares de las cuatro personas cuyos restos mortales serán exhumadas por orden judicial, cuyos trabajos preliminares han arrancado esta mañana por parte de peritos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

La exhumación tendrá lugar después de que hace dos años el juez José Manuel Delgado Seoane admitiera la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. Una sentencia judicial que no se ejecutaba debido al recurso presentado por Cantera en la Audiencia Nacional.

Cuando los familiares, entre ellos Purificación Lapeña, han intentado acceder al lugar una persona les ha comunicado que Patrimonio Nacional no les autorizaba el paso. "No es un buen momento. Los técnicos están haciendo sus labores y necesitan ahora un poco de prudencia y poder trabajar tranquilos. Es la información que me transmiten desde la Presidencia de Patrimonio", ha indicado el responsable de trasladar a las familias este mensaje.

El abogado Eduardo Ranz, que representa a los afectados, ha mostrado su desacuerdo con la decisión y ha pedido explicaciones, señalando que respetan el ordenamiento jurídico y la superioridad jerárquica.

"Entendemos que los trabajos serán profesionales y la solución será la más positivo. Pero no estamos de acuerdo con que nos impidan entrar. Las familias tienen el reconocido derecho a las exhumaciones", ha señalado.

Los cuerpos que serán exhumanos fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que "el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció".

El magistrado acordó que se inscribiera en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, "sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo".

Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.

El juez consideró que existe una "alta probabilidad" de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la "única forma de acreditarlo" es a través de la prueba de ADN.

El auto valoraba el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.

MÁS DE 30.000 CUERPOS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

El abogado de Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, explicó a Europa Press que "en el Valle de los Caídos constan más de 33.000 cuerpos y hasta hoy había dos identificados y uno de ellos apodado 'el ausente'. Desde hoy son cuatro, José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco y Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás".

Purificación Lapeña, que agotó la vía penal, explicaba en su demanda que su abuelo, Manuel Lapeña era veterinario y su tío abuelo, Antonio-Ramiro Lapeña, era herrero cuando desaparecieron en 1936. Fueron fundadores de la CNT en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra y tras

Tras ser ejecutados aquel año, los restos mortales de sus familiares fueron trasladados al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación en 1959. La demandante pidió que se constatara la muerte violenta y se procediera a identificarlos y entregarlos a la familia para que los puedan enterrar donde deseen.

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