Jueves 11/05/2017.

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El fiscal pide 4 años para Narcís Serra: ¿Por qué los banqueros ya no tienen fácil esquivar la cárcel?

Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, ha entrado en la misma senda penal que Rodrigo Rato, exvicepresidente con José María Aznar. Y también por cuestiones posteriores a su carrera política, pues Serra, como Rato, cuando abandonó aquella, se transformó en gestor de una entidad financiera de carácter público. El ejercicio de esta función es el que ha puesto en ambos casos la cárcel en el horizonte de sus vidas.

Cuatro años de cárcel pide la Fiscalía para el expresidente de CatalunyaCaixa, el ex director general Adolf Todó y otros quince consejeros de la entidad por los "escandalosos" sueldos e indemnizaciones que cobraron pese a la crítica situación económica de la antigua caja de ahorros.

Anticorrupción les atribuye dos delitos de administración desleal. Recuerda que CatalunyaCaixa vivió una situación "crítica" como consecuencia de la crisis, hasta el punto que en 2010 el FROB tuvo que inyectar 1.250 millones para recapitalizarla.

La Fiscalía sostiene que en CatalunyaCaixa "han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", algo que sorprende no sólo porque la entidad solicitó la inyección de dinero público por parte del FROB, sino también porque en 2010 el grupo presentó un ERE para la extinción, suspensión o reducción de jornada de hasta 1.300 empleos.

"Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, con evidente abuso del cargo que ostentaban utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo que contribuyó a aumentar su grave crisis financiera", remarca el fiscal.

A Serra, la noticia le llega en el peor de los momentos porque el Tribunal Supremo ha marcado una doctrina más dura para juzgar el saqueo de las cajas.

Ya son cinco los escándalos juzgados desde que en el 2014 la Audiencia Nacional sentenciara a dos años de cárcel a la cúpula de Caixa Penedés por haberse embolsado más de 28 millones de euros en pensiones irregulares.

Después siguieron las condenas a los gestores de Novacaixagalicia (dos años por administración desleal y apropiación indebida), Caja Castilla-La Mancha (dos años también para Hernández Moltó y su director general por falsear las cuentas para aparentar “beneficios inexistentes”) y las tarjetas black de Caja Madrid (con seis años de cárcel para Miguel Blesa y cuatro y medio para Rodrigo Rato por un delito continuado de apropiación indebida).

La última, hace unos días. La Audiencia Provincial de Zaragoza falló contra tres exdirectivos de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI), condenándolos a cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida agravada, al haberse aprovechado de la entidad en operaciones inmobiliarias y crediticias que le supusieron a la firma un quebranto de 6,3 millones.


La nueva doctrina del Supremo

Entre la primera sentencia, la de Caixa Penedés -los culpables no ingresaron en prisión porque la condena fue de conformidad: los acusados reconocieron su culpabilidad y devolvieron el dinero - y la última, la de la CAI, destaca la que terminó dando con los huesos en la cárcel de los exgestores de Novacaixagalicia, pues marcó un punto de inflexión en las condenas.

José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas permanecen en la cárcel desde el pasado 16 de enero. Son los primeros banqueros en prisión, pese a que fueron condenados a solo dos años de cárcel, límite temporal que hasta ahora evitaba el ingreso en una celda.

¿Qué pasó para que acabaran entre rejas con una condena de solo dos años? El pronunciamiento del Tribunal Supremo. Confirmó en septiembre del pasado año la pena que, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, la Audiencia Nacional había impuesto a los condenados, pero aprovechó para regañar al tribunal que les juzgó -y la fiscalía que les acusó- por considerar «benévola» las condenas que les habían impuesto.

La doctrina del Alto Tribunal precipitó el inesperado ingreso en prisión de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia. La Sala de lo Penal ofreció un doble argumento: que no habían «devuelto el dinero que se fijó en la sentencia [10,4 millones de euros] y que tienen todavía causas pendientes con la Justicia».

Este endurecimiento judicial amparado por el Supremo en el caso de Novacaixagalicia se está ahora trasladando a otras causas similares. Blesa fue condenado a seis años y Rato a cuatro y medio. Ahora el fiscal pide cuatro también para Serra. La doctrina del Supremo ha propiciado además la reapertura del caso de Caja Segovia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, con el apoyo de la Fiscalía, había acordado el sobreseimiento libre de la causa el pasado verano. No apreciaba indicios de delito. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha obligado a reabrir el procedimiento en un auto fechado diez días más tarde del ingreso en prisión de los exdirectivos gallegos.

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