En la exposición razonada enviada al Supremo, órgano que la devolvió al Juzgado Central de Instrucción número 5 por falta de motivación, el magistrado argumenta que existen «serios y razonables» indicios de que la última reforma de la justicia universal no afecta a este procedimiento y defiende que los tribunales españoles son competentes para conocer esta causa dada la nacionalidad española de Carmelo Soria.
De la Mata hace constar la demora injustificada de 39 años producida en el procedimiento abierto en Chile, un periodo en el que el caso ha sido archivado en cuatro ocasiones y lleva paralizado prácticamente un año desde que fuera reabierto hace dos años. En este tiempo, destaca que las autoridades no han tomado declaración a los implicados «evidentes» en el asesinato y han denegado la extradición a España de los presuntos responsables.
Su antecesor en el juzgado, Pablo Ruz, ordenó la busca, detención e ingreso en prisión del suboficial José Remigio Ríos San Martín; los capitanes Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, y Pablo Belmar Labbe; el teniente Patricio Quilhot; Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda; y el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley Welch. Tras su detención, solicitó su extradición a España para que sean juzgados.