Martes 15/10/2019.

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Marco y Soriano, "absolutamente seguros" de que no hubo "ilegalidad" en contratos de À Punt y CVMC denunciados por el PP

La directora de À Punt considera que se trata de una "denuncia política": "No tiene ningún sentido"

El presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, han defendido este jueves que no han cometido "absolutamente ninguna ilegalidad" ante la jueza que investiga la causa iniciada a raíz de una querella del PP por prevaricación tanto en la adjudicación de un contrato por 1,3 millones a una empresa para la producción de una serie como en contratos menores suscritos con diez personas físicas y de tres directivos.

Así lo han manifestado ambos directivos de la radiotelevisión pública valenciana a su salida de los juzgados de Paterna (Valencia), donde han acudido a declarar en calidad de querellados ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta localidad. Según ha podido saber Europa Press, Marco y Soriano han respondido a las preguntas de la magistrada y de Fiscalía, pero no a las del letrado del PP.

En declaraciones a los medios a la salida del juzgado, los directivos han apuntado que se trata de una denuncia "política" y se han mostrado "absolutamente convencidos" de que no han cometido ninguna irregularidad.

El juzgado admitió a trámite la querella interpuesta por el diputado 'popular' Jorge Bellver y solicitó a la CVMC y a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicación (SAMC) que remitiera copia íntegra de los expedientes del contrato con la productora de la serie, de los contratos menores suscritos entre 2017 y 2018 con diez personas que posteriormente fueron trabajadores y de los de tres directivos: el de Contenido y Programación; de Explotación e Ingeniería y de la responsable de Informativos.

Tras prestar declaración Soriano por espacio de aproximadamente una hora y media y Marco por algo más de media, la directora de À Punt ha explicado que han entregado "toda la documentación que requerían" y han declarado "simplemente para aclarar los procedimientos" que han seguido, que "en ningún momento la Sindicatura de Comptes ha dicho nunca que fueran ilegales, porque lo único que ha hecho la acusación es coger el informe de Sindicatura y convertirlo en algo que no es, convertirlo en una denuncia", ha agregado.

"No es una denuncia de la Sindicatura de Comptes porque sino ellos tienen la obligación de ponerlo en manos del fiscal o del juez y no es así", ha indicado en este sentido. Soriano se ha pronunciado en la misma línea: "Hemos contestado a las preguntas que se nos han formulado y hemos aclarado los términos que se nos han requerido".

"CLARO QUE ES UNA DENUNCIA POLÍTICA"

Marco, cuestionada por si considera que este procedimiento surge de una "denuncia política", ha sostenido que es "como si estuviéramos en una comparecencia de la comisión de RTVV". "Esto ya se había dicho en Les Corts y ya se había explicado. Claro que es una denuncia política, no tiene ningún sentido", ha asegurado.

"Absolutamente seguros de que no hemos cometido ninguna ilegalidad, absolutamente", han insistido, y han confiado en que la Justicia cierre este caso pronto: "Cuando lo tengan a bien, porque la jueza ha dicho que tiene mucho trabajo y cuando lo tengan a bien lo resolverán".

CONTRATO DE LA SERIE 'LA TRAMUNTANA'

En la querella, el diputado 'popular' Jorge Bellver alegaba que la CVMC, representada por Soriano, adjudicó un contrato por 1,3 millones de euros a Mediterráneo Media Entertainment para producir 'La Tramuntana', una serie de 13 capítulos, procedimiento que no fue público, ni abierto a la concurrencia competitiva ni del que hubo publicidad.

Al mismo tiempo, argumentaba que para la firma del contrato no se tuvo en cuenta la solvencia técnica ni económica de la adjudicataria, que en 2017 presentaba una cifra de negocio de 4.500 euros y a la que la CVMC pagó, a los pocos día de suscribirlo, 409.502 euros "sin que conste la recepción de ningún trabajo o prestación del servicio".

En segundo lugar, denunciaba contratos menores a diez personas --por importe de 5.995 euros-- para la realización de "informes" o "estudios" adjudicados "a dedo" a quienes luego se tenía intención de contratar, sin respetar los principios de "igualdad, mérito o capacidad", y que fueron contratos que después guardaron estrecha relación con la labor que desarrollaron como empleados.

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