El caso de La Manada en la madrugada del 7 de julio de 2016 en sanfermines supuso para la sociedad un punto de inflexión ante las agresiones sexuales, cambió la forma de afrontarlas, dio visibilidad al problema y suscitó una oleada de solidaridad con sus víctimas.Hoy se ha conocido en una lectura pública, y entre gran expectación, el fallo judicial que considera a los integrantes de La Manada culpables de un delito de abuso sexual con prevalimiento y no agresión sexual, es decir, que no se les condena por violación, tal como denunció la víctima, una joven madrileña que contaba con 18 años cuando ocurrieron los hechos.La sentencia ya ha suscitado las primeras protestas de colectivos feministas a las puertas de la Audiencia de Navarra al grito de «No es abuso, es violación», además de una riada de mensajes en las redes sociales con la etiqueta #EstaEsNuestraManada.En cualquier caso, los sanfermines de 2016 sirvieron para sacar a la luz un problema tan generalizado como poco conocido: las violaciones y agresiones sexuales que se cometen en España durante las fiestas populares y festivales multitudinarios.Según las cifras oficiales, las agresiones y abusos sexuales son un delito que solo se denuncia entre un 17 y un 20 por ciento de las víctimas.El Ayuntamiento de Pamplona, implicado en unas fiestas igualitarias y con «tolerancia cero» hacia las agresiones sexuales, lideró la condena y la lucha contra ellas, una actitud que se propagó entre la ciudadanía como nunca antes había ocurrido.Porque otro 7 de julio, en este caso de 2008, cuando la joven de Irún Nagore Laffage murió a manos del médico Diego Yllanes por negarse a mantener relaciones sexuales con él, la reacción ciudadana no traspasó los límites de Pamplona.Tuvieron que pasar ocho años para que, tras la denuncia de la joven madrileña, las imágenes de miles de hombres y mujeres de todas las edades, vestidos de blanco y rojo, mostrando en las calles su rechazo a que las agresiones sexuales se propagasen por toda España.Un movimiento que consiguió que numerosos ayuntamientos realizasen campañas de lucha contra estas agresiones similares a la de Pamplona para sus fiestas patronales.La Manada debía tener la idea de que, durante los sanfermines, Pamplona era una ciudad sin ley, según reflejaron sus mensajes de WhatsApp, y con esa creencia viajaron el 6 de julio los cinco amigos sevillanos -entre ellos un militar y un guardia civil-, que siempre han defendido que las relaciones sexuales con la joven fueron consentidas.El tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y su arresto fue suficiente para que en el grupo de esa red social que les da nombre dejaran una idea fiel de la noche que habían pasado: «los cinco con una», «puta pasada de viaje»… fardaban en sus mensajes.Unos meses antes, cuatro de ellos, según descubrió y denunció la Policía Foral, ya habían agredido a otra joven en el interior de un coche tras conocerla en las fiestas de Torrecampo (Córdoba).Los datos aportados por la joven en Pamplona, la tecnología y la eficacia policial permitieron que solo en unas horas la Policía Municipal detectara la presencia de los cinco en un abarrotado recorrido del encierro, el primero de los sanfermines.Nada más llegar a la plaza de toros fueron identificados por la Policía Foral.Poco después, La Manada era detenida junto al coche en el que habían viajado a Pamplona y dos días más tarde, el 9 de julio, el juez decretaba su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.El juicio comenzó el 13 de noviembre de 2017, cuando se pudo escuchar a la Fiscalía y a las acusaciones particulares del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra pedir penas de 22 años y 10 meses de cárcel y más de 25 años, respectivamente, por violación, intimidación y robo con violencia.Por su parte, las defensas reclamaban la absolución de sus clientes porque, como ellos mismos dijeron en su último turno de palabra, eran inocentes de todos los cargos salvo del robo del móvil de la víctima, que asumió el guardia civil. Los letrados insistieron en que no hay pruebas que contradigan la versión de los acusados de que las relaciones fueron consentidas.A pesar de sendas peticiones de libertad presentadas por sus abogados a lo largo de este tiempo, La Manada ha seguido en prisión aunque dividida: el guardia civil y el militar, en una cárcel de Madrid y los otros tres en la de Pamplona.