Domingo 11/12/2016.

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Juzgan este jueves en Granada al acusado de quedarse con 235.000 euros de una empresa proveedora de refrescos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga desde este jueves a un hombre de iniciales B.M.V., acusado de apropiarse de más de 235.000 euros que correspondían a la empresa proveedora de refrescos para la que trabajaba como jefe de equipo de la Delegación de la misma en Granada, hechos por los que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel.
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Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la empresa, la mercantil 'Refrescos Envasados del Sur', con domicilio en la localidad sevillana de La Rinconada, el procesado tenía como funciones la gestión directa de una cartera concreta de clientes así como el cobro de las cantidades debidas por los servicios prestados, funciones que desempeñó hasta que fue despedido el 22 de diciembre de 2006.

Desde comienzos de ese año y hasta la fecha de su despido comenzó a incorporar de forma ilícita a su patrimonio, según el fiscal, el dinero que de los clientes de las empresa iba recaudando en el ejercicio de sus funciones, sin darle el destino correcto que habría sido el de ingresarlo a favor de la mercantil. De esa manera consiguió hacer suya una cantidad total de 131.724,83 euros correspondientes a diversos pagos de esos clientes.

En idéntico espacio de tiempo el acusado también hizo suyo el importe total de lo recaudado de los clientes de la empresa en Granada por colaboraciones publicitarias, en concreto 5.304,24 euros, que también incorporó "ilícitamente" a su patrimonio. También se apropió del importe de los talones entregados por los clientes de Granada como pago por diversos servicios prestados por la mercantil por importe total de 98.669,33 euros, que incorporó otra vez a su patrimonio.

Por todo, la Fiscalía le atribuye un posible delito continuado de apropiación indebida, en su modalidad de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación y con abuso por parte del acusado de su credibilidad empresarial o profesional, o, como calificación alternativa un delito continuado de estafa. Además de los cuatro años de prisión, se enfrenta al pago de una multa de 3.600 euros, y de la cantidad supuestamente defraudada a la empresa perjudicada.

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