Sábado 10/06/2017.

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Los exdirectivos del Canal de Isabel II Adrián Martín y María Fernanda Richmond, los primeros en declarar ante el juez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco toma declaración esta tarde al exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín y a la ex directora financiera de la misma entidad María Fernanda Richmond, ambos detenidos en el marco de la 'operación Lezo'.

Martín y Richmond son los primeros arrestados en la investigación que dirige Velasco en declarar en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II en la etapa en la que la entidad estuvo dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González.

El propio González y las otras cinco personas que continúan detenidas en España -ya que otros dos supuestos implicados están arrestados en Latinoamérica-- prestarán declaración mañana, viernes, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

En el marco de la misma investigación, el magistrado ya ha tomado declaración esta mañana a dos investigados, el presidente y el director de 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.

REGISTRO DE EMPRESAS

La 'operación Lezo' se conoció este miércoles y llevó a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.

Además, los agentes han pedido en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.

El juez Velasco trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.

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