Viernes 24/11/2017.

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El Gobierno pide tramitar por la vía de urgencia un Proyecto para mejorar el sistema europeo de obtención de pruebas

Se dotará a la Fiscalía de la capacidad para centralizar las órdenes europeas

El Gobierno ha pedido este viernes al Congreso de los Diputados la tramitación urgente del Proyecto de Ley sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea para mejorar un sistema general entre los Estados miembros de obtención de pruebas en los casos penales que tengan una dimensión transfronteriza.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales este Proyecto de Ley que modifica esta normativa al introducir al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva comunitaria correspondiente. La Directiva de 2014, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal, se basa en la consolidación de un único instrumento válido para la cooperación judicial de carácter penal entre los Estados miembros.

De este modo, las funciones que la legislación procesal penal atribuye en España tanto a jueces como fiscales serán totalmente compatibles. Según ha informado el Gobierno, la recepción de estas órdenes se centraliza en el Ministerio Fiscal, lo que permite así "mayor eficacia y gestión de recursos humanos y materiales".

Precisamente, la Fiscalía realizará un control de legalidad de todas las Oficinas Europeas recibidas, con lo que se centraliza un procedimiento que facilitará enormemente el diálogo entre las autoridades extranjeras y las españolas. La nueva normativa introduce que serán el Ministerio Público que se encargue de practica las diligencias oportunas solicitadas por cualquier autoridad judicial europea en comisiones rogatorias.

REFORMA DE OTRAS LEYES

Por otro lado, en este Proyecto de Ley también se han introducido mejoras concretas, por lo que ha sido necesario reformar otras tres leyes: la de Enjuiciamiento Civil, la de Asistencia Jurídica Gratuita y una Directiva comunitaria del 20 de abril de 2015 sobre las medidas de coordinación y cooperación.

Con respecto a la primera de ellas, se ha ajustado el ordenamiento español a la aplicación del reglamento europeo de rendición de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. En cuanto a la ley relativa al Turno de Oficio, se ha adecuado a otra directiva comunitaria para prever la posibilidad de solicitar, en casos justificados, la sustitución del letrado asignado, así como para poder ejercer el derecho de ser asistido por un abogado en un juicio por delito leve.

Por último, se traspone la Directiva sobre coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión Europea no representados en terceros países.

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