Miércoles 13/12/2017.

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Gobierno vasco facilitará esta semana al fiscal la documentación sobre el supuesto fraude en la Consejería de Azkarraga

El Gobierno vasco presentará esta misma semana en la Fiscalía la documentación sobre el supuesto fraude de 23 millones de euros cometido en el Departamento de Justicia durante la gestión de Joseba Azkarraga, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería.
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La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, anunció este martes, en la comparecencia ante los medios de comunicación celebrada tras el Consejo de Gobierno, que pondrá en conocimiento del ministerio público "las graves irregularidades" detectadas en una quincena de expedientes de contratación informática del Departamento, entre los años 2000 y 2009, por un importe total que supera los 23 millones de euros.

Según explicó, ninguno de los expedientes, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se ha ejecutado "en su totalidad, ni siquiera a fecha actual". "Con dinero público, se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados", ha añadido.

Asimismo, el Departamento de Justicia y Administración Pública ha constatado también que "muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores".

Mendia señaló que otro dato que "llama la atención" fue el "escasísimo plazo" -de 16 días a un mes- que se fijó para la ejecución de algunos de los trabajos contratados, "lo que pondría en evidencia, en unos casos, que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo, mientras que, en otros, ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".

La investigación la emprendió el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, que encargó dos auditorias técnicas, una interna y otra externa, al tener sospecha de las irregularidades.

Posteriormente, mantuvo una serie de reuniones con las empresas informáticas proveedoras, con la finalidad de garantizar la continuidad del sistema informático de la Administración de Justicia. En estas reuniones, las empresas adjudicatarias, según aseguró la consejera, además de reconocer la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro, se comprometían a su ejecución.

Las supuestas irregularidades afectarían a cuestiones "de calado" para la Administración de Justicia, como la implantación del sistema de gestión procesal (JustiziaBat) en los órganos que desempeñan tareas jurisdiccionales, el desarrollo del expediente judicial electrónico, o la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Euskadi.

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