Los abogados de la dirigente de la CUP Anna Gabriel y de la expresidenta de este grupo parlamentario Mireia Boya dudan de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sea el competente para instruir la causa contra el denominado »procés» debido a que fue compañero de Sala con el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza.
Así lo hace en un escrito dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicitan que estudie la competencia de Llarena para investigar los hechos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.
Los letrados afirman que el Tribunal Supremo no puede llevar a cabo esta investigación porque ya existen una causa abierta similar en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra personas que continúan siendo aforadas.
Asimismo, subrayan que existe una «falta de apariencia de imparcialidad objetiva», pues el fiscal que firmó la querella contra el exGovern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament, el fallecido José Manuel Maza, «fue durante catorce años miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento». También señala al sucesor de este, Julián Sánchez Melgar, quien ha sido miembro de la misma hasta su elección como máximo representante del Ministerio Público.
POSIBLE RECUSACIÓN
En este sentido, abren la puerta a recusar al juez instructor por «haber compartido Sala con una de las partes», ya que se puede entender como «un supuesto equiparable a la amistad íntima» debido a la «relación humana que se produce en esta situación». «Puede comprometer la neutralidad del juzgador, o al menos resulta razonable pensarlo», añade el escrito.
Por ello, pide que a la causa sea remitida a los juzgados de instrucción de Barcelona con el fin de «preservar la apariencia de imparcialidad objetiva» y porque fue allí «y en otros puntos de Cataluña» donde tuvieron lugar los hechos que relatan la querella. Solicitan también que una vez incoada la causa en ese órgano judicial, se forme una pieza separada correspondiente a los aforados y se eleve al TSJC.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena amplió el pasado mes de diciembre la investigación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la número dos de ERC, Marta Rovira; la dirigente de la CUP Ana Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Todos ellos, según los informes de la Guardia Civil que han sido entregados al magistrado del alto tribunal, habrían formado parte del Comité Estratégico para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Así constaba en el documento »Enfocats», la hoja de ruta del »procés» incautada en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras.
((Habrá ampliación))