Viernes 13/10/2017.

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Fiscalía pide 5 años de prisión para responsables de empresa de comunicación que presuntamente estafaron a Presidencia

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado cinco años de prisión para cada uno de los responsables de la empresa Persuade Comunicación S.L., Antonio Vega Font y Giacomo José Pullara, por supuestos delitos continuados de estafa y de falsedad en documento oficial y mercantil, tras haber estafado presuntamente 175.604 euros en 2015 al Ministerio de la Presidencia en un contrato del que fueron adjudicatarios.

Además, piden la reposición de esa cantidad (175.604 euros) en concepto de responsabilidad civil. El juicio comenzará este martes a las 10 horas en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según se desprende del escrito de acusación, la empresa en la que los acusados ocupaban los cargos de presidente y consejero delegado resultó adjudicataria de un contrato con el Ministerio de Presidencia para una campaña que tuvo lugar entre los días 23 al 30 de marzo de 2015 bajo el título 'Difusión de medios de comunicación de la campaña de información de la Ley de Transparencia y el Portal de Transparencia'.

En el transcurso de la ejecución y facturación del contrato, la empresa hizo contar en una versión de la Memoria que se habían contratado un total de 97.277.850 ejemplares, pero lo hizo mediante captura de pantallas pese a que el contrato exigía los certificados originales de los medios.

En la segunda versión de la Memoria, "y con la finalidad de compensar la falta de cobro de los recargos por anuncios en radio de dicha mercantil", se indicó que las impresiones habían ascendido a 115.458.310 aportando documentos escaneados "con la apariencia de que habían sido realizados por los diferentes medios de comunicación".

Fue entonces cuando la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes exigió a Persuade Comunicación S.L. que le entregara los certificados elaborados por los propios medios y no las capturas de pantalla. A raíz de esta petición, la empresa hizo una tercera versión de la Memoria donde reflejaron el verdadero número de impresiones, que ascendía a 28.828.250.

Al examinar los certificados originales con las copias escaneadas, se desprendía una coincidencia "casi perfecta", dado que los acusados, "con el ánimo de lucro ilícito y para obtener un beneficio patrimonial", según la Fiscalía, procedieron a modificar y alterar la cuantía de impresiones llevadas a cabo en varios medios.

La Fiscalía fija el daño económico causado al Ministerio de la Presidencia en un total de 175.604,42 euros, desglosados en 104.761.80 por las impresiones en Internet, 28.972,69 por la campaña de radio y 41.869,93 por la campaña de televisión.

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