Lunes 20/11/2017.

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La Fiscalía pide para Mas nueve años y medio de inhabilitación por el 9N

  • Los fiscales creen que desafiaron conscientemente la resolución del Constitucional sobre el 9-N
  • Descarta el delito de malversación y no pide penas de prisión 

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve para cada una de las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las exconselleras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias.

En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.

Una "estrategia de desafío" al Constitucional

Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.

En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N" que ya estaban en marcha.

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