Los Pujol han tenido un trato de la Justicia del que no se han favorecido otros dirigentes políticos o gestores públicos, encarcelados preventivamente para evitar que no puedan destruir pruebas, esconder el dinero defraudado o seguir cometendo delitos. Durante cinco años lleva el primogénito del clan siendo investigado y no ha sido hasta esta semana cuando el fiscal pidió prisión incondicional para él.
¿Qué había cambiado en este tiempo? Un informde la UDEF alertando de que Jordi Pujol Ferrusola habría evadido durante este tiempo cerca de 30 millones de euros. Ahora existe el temor de que las cantidades que ha evadido en los últimos años no se puedan recuperar cuando haya sentencia firme, porque durante la investigación judicial ha aprendido a «descapitalizar el dinero».
Según los audios a los que ha tenido acceso Efe, así lo planteó el fiscal Fernando Bermejo durante la vista de prisión que se celebró tras la declaración que el primogénito de los Pujol hizo el pasado martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien finalmente acordó su ingreso en prisión para evitar la destrucción de pruebas y la comisión de nuevos delitos.
El fiscal dio por hecho que Pujol júnior maneja fondos cuyo control es ajeno a la Justicia y pidió por primera vez la privación de libertad para el primogénito del clan. Según expuso ante el juez, a lo largo de la investigación se había podido acreditar una «evolución» en la actuación del hijo mayor de Jordi Pujol, que ha pasado de «las facturas genéricas» a los «préstamos ficticios».
Así, donde ante presentaba facturas por cuestiones «que insultan a la inteligencia media» para incrementar ese dinero, ahora realizaba «préstamos ficticios» para deshacerse de ello, incluido a su propia hija.
30 millones de euros
De acuerdo con los cálculos de la UDEF, el dinero evadido por Jordi Pujol Ferrusola en negocios jurídicos ficticios, donaciones o préstamos no acreditados asciende a 9,4 millones, otros 12,3 millones corresponden a inversiones no repatriadas y 8 millones más a plusvalías latentes no declaradas. En total, 29,9 millones de euros.
Parte de ese dinero fue enviado a fondos cuya ubicación se desconoce, expuso el fiscal, quien propuso la incautación de su teléfono, que ahora está siendo analizado, para evitar transacciones por internet.
A su juicio, el análisis de la instrucción permite ver un cambio de método, una evolución en la actividad criminal para descapitalizar el dinero «y evitar que cuando haya sentencia firme se pueda recuperar ese dinero».
Es decir, que al principio de la investigación entraba dinero en España sin justificación y ahora lo que ocurre es que sale ese dinero mediante préstamos ficticios a testaferros.
Planteó el representante de Anticorrupción que ahora se sabe que, al menos desde 1992, Jordi Pujol hijo fue titular de cuentas de Andorra por las que circularon fondos en efectivo por encima de 3.000 millones de pesetas, más 5 millones de euros y otras cantidades en dólares y marcos.
Y ahora ocurre que, sin terminar la instrucción, los saldos bloqueados «son insignificantes, ha disminuido considerablemente», e incluso se han modificado titularidades.
«Por estas razones debemos acabar la investigación, descubrir esos fondos y que no haya más activos que no puedan volver a España», defendió el fiscal ante el juez.
La sorpresa de la defensa
El abogado de Pujol júnior, Cristóbal Martell, se opuso a la prisión alegando, entre otras cosas, que los hechos del informe de la UDEF en el que se basa «no son novedosos», que no se explica por qué se sospecha que sus negocios son «ficticios» y que su defendido ya tiene bloqueados por la justicia 25 millones de euros.
Pujol Ferrusola, afirmó el letrado, «vive precisamente en las antípodas de una conducta de evasión de responsabilidades patrimoniales de un proceso», de «una conducta de despatrimonialización» y muestra de ello, dijo, es que en una cuenta bloqueada ingresó casi 1,7 millones de euros.
«Este letrado es de una gran ingenuidad y no venía preparado para hacer un discurso punto a punto respecto del informe de despatrimonialización de la UDEF», afirmó Martell ante el juez, un documento que está, dijo, lleno de «vaguedades, ambigüedades, errores grandes, burdos».
«No hay necesidad de adoptar esta medida para algo tan sagrado, algo tan extraordinario como es la libertad de un hombre. ¡Pero si llevamos desde el año 2012 instruyendo, practicando pruebas!», se quejó el abogado ante la medida que el juez finalmente adoptó.