Según el escrito de acusación, Lefort era una de «las personas que asumían papeles de responsabilidad superior en Askatasuna, dependiente de la ‘organización armada’ de ETA», como apuntaron la investigación sobre Gestoras Pro Amnistía a partir de «sus comparecencias públicas o por el resultado de sus comunicaciones telefónicas».
El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, tiene nacionalidad francesa y residía en aquel país, que rechazó la orden europea de detención que en su día emitió España contra él. Sin embargo, como destaca la Fiscalía, «estando la causa al borde de la prescripción», compareció «voluntariamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 5» de la Audiencia Nacional «por su sola y exclusiva voluntad de arreglar cuentas pendientes».
Además, reconoció los hechos en la declaración indagatoria, de modo que si bien se le acusa de un delito de integración en organización terrorista, concurre la circunstancia atenuante analógica muy cualificada de colaboración con la administración de justicia», por lo que se solicitan para él dos años de cárcel -no llegaría a ingresar por carecer de antecedentes– y el mismo tiempo de inhabilitación para empleo o cargo público.