Martes 17/07/2018.

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Fiscal de delitos informáticos sugiere legislar sobre criptomonedas y tipificar la suplantación de identidad en la red

Plantea estudiar que los agentes encubiertos online puedan ser particulares y que familia de un fallecido injuriado pueda querellarse

La fiscal de Sala coordinadora en materia de criminalidad informática, Elvira Tejada de la Fuente ha sugerido este jueves varias reformas legales para perseguir mejor los delitos informáticos, y entre ellas regular aspectos relacionados con las criptomonedas y tipificar el delito de suplantación de identidad en la red.

En una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, ha señalado que el uso de criptomonedas ya está planteando "problemas prácticos" en algunas operaciones en las que se han incautado 'bitcoins' y no se sabe qué hacer con ellas. Así, debería precisarse si hay que trasladarlas a monedas de curso legal para consignarlas o hacer monederos digitales. Además, dado que todo lo relacionado con las criptomonedas es "alegal" porque no está regulado, ha planteado legislar que los intermediarios en operaciones con criptomonedas tengan "ciertas obligaciones".

Además, ha propuesto estudiar la posibilidad de que los "agentes encubiertos" online regulados en la reforma del Código Penal de 2015 no tengan que ser necesariamente funcionarios de policía judicial, sino que puedan ser también "particulares" que puedan infiltrarse mejor en foros que usan "lenguas específicas o un lenguaje muy críptico".

Por otro lado, ha detallado que con el Código Penal actual la suplantación de identidad en la red solo puede perseguirse cuando se usa como medio de estafa o de ataques informáticos, de manera que podría ser conveniente tipificar el delito cuando la suplantación es para atentar contra su honor o inmiscuirse en su vida privada.

También ha planteado la posibilidad de "rescatar" del Código Penal de 1973 la posibilidad de que los herederos o familiares de una persona fallecida que ha sufrido injurias o calumnias, cosa que está sucediendo en las redes sociales, puedan ejercer la acción penal para perseguirlas en un periodo o en determinadas circunstancias, algo que ahora no es posible. Los delitos contra el honor son de carácter privado y solo se persiguen penalmente si lo hace el ofendido, salvo cuando las víctimas sean personalidades públicas en el ejercicio de sus funciones; entonces son perseguibles de oficio.

La cuarta sugerencia que ha hecho la fiscal es que, para frenar la "reiteración" de comportamientos delictivos en la red como el acoso a menores, la pornografía infantil o delitos contra la propiedad intelectual, se plantee como pena la prohibición de usar Internet, o acceder a redes sociales o administrar páginas web. Según ha dicho, la fiscalía está intentando ponerlo en práctica amparándose en una "interpretación abierta de algunos preceptos del Código Penal, pero con poco éxito".

Según consta en la última Memoria de la Fiscalía, el 61 por ciento de los procedimientos judiciales abiertos por delitos informáticos en 2016 se refirió a estafas de distinto tipo, aunque ha añadido que también están creciendo mucho los delitos por acoso y amenaza y los delitos de odio. Entre lo que más preocupa a la Fiscalía están los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, dado el potencial de las tecnologías y el "uso generalizado" que hacen los jóvenes de ellas.

Por otro lado, ha alertad de la "cantidad muy pequeñita" de procedimientos incoados por ataques informáticos, solo 682, que refleja que "no se están denunciando" estos ataques "por razones reputacionales o de otra índole". Así, ha pedido a los parlamentarios que cuando traspongan la directiva europea sobre este asunto hagan especial hincapié en este asunto.

Además de insistir en que las reformas legales deberían hacerse de forma paralela a las de países de nuestro entorno, ha llamado la atención sobre la importancia de la formación, tanto para los fiscales como para los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque la investigación de cualquier delito, aunque no sea informático, requiere conocimientos técnicos.

Así, ha puesto el ejemplo del caso de la desaparición de la joven Diana Quer: "No tiene que ver con tecnologías, pero toda la investigación se ha hecho sobre el (teléfono) móvil). Por otra parte, también ha avisado de que los laboratorios de la policía científica y criminalística están en una situación preocupante porque están "muy poco dotados".

¿ES PERSEGUIBLE LA DESINFORMACIÓN?

Preguntada por las actividades de "desinformación", ha señalado que no todo lo que es reprobable es delito, de manera que habría que saber exactamente de qué actividades se está hablando para ver si encajan en algún tipo penal. Según ha explicado, algunos tipos de desinformación sí son perseguibles, concretamente las que pretenden alterar las cotizaciones de los mercados o crear desórdenes públicos.

Tejada ha aprovechado para pedir a los parlamentarios que impulsen la ratificación del segundo protocolo adicional al Convenio de asistencia mutua en material penal del Consejo de Europa, porque prevé mecanismos como equipos conjuntos de investigación que en algunos casos no han podido usarse por falta de ratificación de este instrumento.

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