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Ex jefe de inteligencia condenado por infiltración paramilitar en Colombia

El abogado colombiano Jorge Noguera Cotes, antiguo director de la central de inteligencia del Estado, se convirtió hoy en el más alto funcionario en ser castigado por las acusaciones y denuncias de infiltración paramilitar en el país.
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Ex jefe de inteligencia condenado por infiltración paramilitar en Colombia Ex jefe de inteligencia condenado por infiltración paramilitar en Colombia

El abogado colombiano Jorge Noguera Cotes, antiguo director de la central de inteligencia del Estado, se convirtió hoy en el más alto funcionario en ser castigado por las acusaciones y denuncias de infiltración paramilitar en el país.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a Noguera a 25 años de prisión, en una sentencia que supuso un fuerte golpe para el ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien tuvo en él a un amigo personal, aun antes de llegar al poder.

Tras dirigir en la costa norte su primera campaña presidencial, Uribe lo designó para asumir la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), creado hace medio siglo y envuelto en escándalos que lo tienen al borde del cierre.

La sentencia fue dictada por la Sala de Casación Penal de la CSJ que declaró a Noguera "penalmente responsable" de delitos que tuvieron origen en testimonios de Rafael García, jefe de informática del DAS en la época en la que este dirigía la agencia.

García, ya condenado por irregularidades que también salpican a Noguera, acusó a su antiguo jefe de haber puesto la central al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2002 con el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un diálogo de paz con el Ejecutivo.

Los testimonios de García datan de un periodo que cubrió entre 2005 y 2006, y relacionan a Noguera con el desaparecido Bloque Norte (BN) de las AUC, entre otros casos.

El BN era liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, que en algún momento compartió el mando máximo de las AUC con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, asesinados por rivales.

Además de vínculos personales, a Noguera se le atribuyó la entrega a los paramilitares de informes reservados, entre ellos sobre defensores de derechos humanos, políticos opositores y sindicalistas, los colectivos más afectados por la acción de las AUC.

Entre las víctimas que determinaron la sentencia está el sociólogo Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, asesinado en Barranquilla junto a un escolta, en septiembre de 2004.

De Andreis era un conocido profesor universitario e investigador y fue tiroteado pocos meses después de haber sido liberado tras una corta detención por supuestos nexos con la guerrilla, causa denunciada en su momento como un montaje.

En el comunicado de su decisión, la Sala Penal señaló que Noguera fue sentenciado "como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, autor mediato del homicidio de Alfredo Rafael Francisco Correa De Andreis, autor mediato del ilícito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y autor de revelación de asunto sometido a secreto".

El antiguo jefe del DAS fue también multado por el equivalente a más de 3.385,20 millones de pesos (cerca de 1,86 millones de dólares) y deberá indemnizar con 156 millones de pesos (unos 86.000 dólares) a la familia de Correa de Andreis.

Noguera ejerció el cargo hasta finales de 2005, con las primeras revelaciones de la infiltración, y luego viajó a Milán (Italia), como cónsul, puesto al que renunció en 2006, acosado por las denuncias, que lo tienen en una cárcel de Bogotá desde febrero de 2007.

Según la Sala Penal, las denuncias "daban cuenta de diversas irregularidades cometidas en la institución (el DAS), dirigidas a favorecer el accionar paramilitar en la zona norte del país".

El tribunal adoptó la decisión un día después de que abriera el proceso para el juicio a María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS asilada en Panamá, y a Bernardo Moreno, antiguo secretario presidencial de Uribe, implicados en una trama de espionaje.

La Fiscalía General les imputó cargos como presuntos responsables de una campaña de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas, montada por el DAS durante las dos administraciones de Uribe.

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