Sábado 22/09/2018.

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Ex alto cargo "no puso en duda" la labor de la Dirección General de Trabajo en las ayudas de los ERE

Juan Francisco Sánchez García, quien fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004, ha declarado este martes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas sociolaborales a trabajadores y las ayudas directas a empresas en crisis entre los años 2000 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que "no puso en duda" la actuación de la Dirección General de Trabajo en relación a la tramitación y concesión de las ayudas investigadas, que era "correcta y ajustada a derecho".

Sánchez García también ocupó el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa desde 2004 hasta 2010 y posteriormente pasó hasta 2012 a ser director de administración y finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente que pagaba las ayudas concedidas tras recibir las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo con cargo al programa presupuestario 31L.

El ex alto cargo del Gobierno andaluz, que se enfrente a una petición de condena por parte del Ministerio Fiscal de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha comenzado el interrogatorio del fiscal Juan Enrique Egocheaga ratificando las declaraciones que prestó ante la Guardia Civil en septiembre de 2012 como testigo y la que realizó ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en mayo de 2016 como investigado.

Entre sus funciones como secretario general técnico de Empleo, Sánchez García ha enumerado las competencias en materia presupuestaria con su elaboración, la tramitación de las modificaciones presupuestarias o el seguimiento de la ejecución. Además, tenía competencias en materia de archivo.

Sánchez García, que ha admitido que hasta el inicio de la causa no conocía la normativa estatal --órdenes ministeriales de 1994 y 1995 sobre ayudas previas a la jubilación y extraordinarias para prejubilaciones--, ha señalado que la normativa autonómica para las ayudas a trabajadores estaba en el título octavo de la Ley de Hacienda Pública y en Reglamento de subvenciones de la Junta.

CONVENIO MARCO

El secretario general técnico ha señalado que no ha tenido conocimiento de los convenios particulares firmados entre la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA, en virtud del convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente instrumental, para la concesión de ayudas sociolaborales y a trabajadores porque "los expedientes administrativos no entraban en la Secretaría General Técnica".

Conoció el convenio marco en un consejo de dirección de la Consejería de Empleo, donde se informa de la firma del mismo y sus motivos. "A partir de las modificaciones presupuestarias de los años 2002 y 2003 soy más consciente del convenio marco y del papel de IFA/IDEA", ha precisado. "El convenio marco no es nada diferente, mantiene la línea de colaboración", ha insistido.

Ha apuntado que el reglamento "obligaba" al convenio marco a pasar por el gabinete jurídico, asegurando que "en aquel momento, no puso en duda" que contara con todos los informes preceptivos. "No pongo en duda el trabajo de las direcciones generales", ha añadido, al tiempo que ha aclarado que el convenio marco "no es una norma de carácter general y no era preceptivo que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA)".

Finalmente, sobre el convenio marco, ha dicho que su contenido lo conoce cuando llega como director de Administración y Finanzas de IDEA en 2010 y porque el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pide documentación con el inicio de la causa.

De otro lado, ha expuesto que las modificaciones presupuestarias era un "instrumento corriente" y por sus manos pasaban "bastante" en un ejercicio presupuestario, aunque no ha sabido concretar en qué número. Además, ha indicado que tenían un procedimiento "muy reglado".

Cualquier Dirección General proponía la modificación y la justificaba, la Secretaría General Técnica comprobaba que la partida de la que se daba de baja el crédito tenía fondos y que coincidía la cantidad con la partida en la que se daba de alta. Posteriormente tramitaba la modificación a la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda. "Era pura tramitación administrativa", ha añadido. "Quién programa su justificación, cuantía y destino era el director general de Trabajo", ha asegurado en relación a las modificaciones presupuestarias en el programa 31L.

En este sentido, ha subrayado que la Cámara de Cuentas señala que entre los años 2000 y 2010 las modificaciones eran "ajustadas a derecho" y contaban con la conformidad de la Dirección General de Presupuestos y llevaban informes de la Intervención General.

Preguntado sobre su conocimiento de los destinatarios de las ayudas, ha indicado que "a grandes rasgos sí" sabía que iba a afectados por crisis empresariales, pero "para nada" conocía el detalle de la tramitación de concesión de las mismas.

Ha explicado que los objetivos del programa 31L eran "mucho más amplio" que las ayudas sociolaborales y a empresas, conociéndolo por "las fichas presupuestarias" por los programas. En este sentido, "no ve ninguna cosa perturbadora" en las campañas publicitarias contratadas por la Dirección General de Trabajo con cargo al 31L, algo "normal y corriente".

Sobre los informes de la intervención en los que se recogían reparos y "observaciones" al sistema de ayudas, ha afirmado que "no conoce el detalle" de los informes, ni tampoco era destinatario del informe adicional de 2005 al informe de cumplimiento del ejercicio de 2003 del IFA, que sólo leyó las conclusiones "por encima" cuando le fue remitido para su archivo en la Consejería. Igualmente, no recibió los informes de cumplimiento de Control Financiero Permanente del ente instrumental.

Con respecto al desfase en las cuentas de IFA/IDEA como consecuencia de los compromisos de concesión de ayuda de la Dirección General de Trabajo, Sánchez García ha indicado que lo conoció cuando llegó a IDEA en 2010, año en el que ya no existía el citado desfase, que "desapareció" un año antes, añadiendo que el programa 31L no era "crónicamente deficitario".

NI INICIADOR NI IMPULSOR

En contra de la acusación del Ministerio Fiscal, ha rechazado que fuera el iniciador del pago de las transferencias de financiación a IFA, ni el impulsor del convenio marco. El acusado ha asegurado, al terminar el interrogatorio de su abogado, que "nunca" participó directa o indirectamente en el procedimiento de concesión de ayudas ni gestionó los fondos del 31L, así como ha resaltado que "siempre" actuó en sus cargos "con ajuste a la legalidad".

Antes de concluir esta cuadragésima sesión del juicio, el tribunal ha preguntado al encausado sobre las fichas presupuestarias. Sánchez García ha explicado que las confeccionaba el responsable de cada programa y en el caso del 31L la Dirección General de Trabajo y eran remitidas junto a la memoria justificativa y el informe económico-financiero por la Secretaría General Técnica a la Dirección General de Presupuestos tras compilar todas las de la Consejería.

Sobre el contenido de éstas, ha indicado que recogen, por ejemplo y con visionado de una del 31L en 2003, la sección (la Consejería), el programa (31L), el responsable (la Dirección General de Trabajo), las actividades (acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos como la concesión de ayudas, becas, etc.), los objetivos del programa (administración de relaciones laborales), los medios económicos (transferencias de financiación), los indicadores para evaluar la ejecución del programa y, por último, las aplicaciones presupuestarias.

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