Martes 17/10/2017.

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Envían al juez Ruz la declaración de un expreso de Guántanamo que detalla las torturas que sufrió en 2002

El Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que detalla las torturas que el expreso de Guantánamo Mohammed Al Qahtani sufrió en 2002 durante una estancia en la base militar norteamericana.
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La asociación, que ha solicitado personarse como acusación popular en el procedimiento en el que Ruz investiga las torturas y crímenes de guerra que cuatro presos habrían sufrido en Guantánamo entre 2002 y 2005, explica en un comunicado que Al Qahtani fue detenido "sin acusación ni proceso judicial" y sometido a "un programa de tortura".

El prisionero, que fue incluido en el denominado Primer Plan Especial de Interrogatorios, sufrió "48 días de privación del sueño, declaraciones de 20 horas y humillaciones sexuales y religiosas", según sostiene el informe, que añade que también fue obligado a desnudarse y a soportar prolongados estímulos sensoriales. Como resultado de estas prácticas padeció episodios de angustia, incapacidad para controlar su vejiga y alucinaciones visuales y auditivas.

Katherine Gallagher, abogada del CCR, explica que esta declaración detalla "el trauma psicológico y físico" que Al Qahtani padeció como consecuencia del "brutal tratamiento" al que fue sometido durante su estancia en Guantánamo, donde fue víctima de técnicas que violan la Convenciones de Ginebra y contra la Tortura.

BUSH, ENTRE LOS QUERELLADOS

Ruz reactivó en enero pasado la causa sobre las torturas en Guantánamo al reafirmar su competencia para investigar estos hechos y preguntar a la Fiscalía si debía imputar a los responsables políticos contra los que se dirigía la primera querella, entre los que se encuentra el expresidente de los Estados Unidos George W. Bush.

El magistrado justificaba la competencia de la Audiencia Nacional para instruir este procedimiento a partir del "vínculo de conexión relevante con España" de las víctimas y por la "falta absoluta de respuesta" a las comisiones rogatorias que cursó a las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido preguntándoles si estaban persiguiendo estos hechos.

En la causa se investiga el trato que habrían sufrido los presos Lahcen Ikassrien, de nacionalidad marroquí aunque con situación de arraigo y residencia en España y Hamed Abderraman Ahmed, conocido con los alias de 'Hamido' y el 'talibán español'. También se querellaron por las supuestas torturas el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.

Además de Bush, la querella que motivó la apertura de este procedimiento se dirigía contra Dick Chenney, ex vicepresidente de Estados Unidos; Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa y segundo mando del Ejército norteamericano; y los generelaes Michael Lehner, jefe de la base militar de Guantánamo, y Geoffrey Miller, responsable de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia. Las acusaciones, además, pidieron que se ampliara a otros mandos militares, entre ellos el ex director de la CIA George Tenet.

INVESTIGACIÓN DE GARZÓN

El 25 de febrero de 2001 el Pleno de la Sala de lo Penal avaló, en contra del criterio de la Fiscal, un auto dictado en octubre de 2009 por el juez Baltasar Garzón en el que admitía a trámite la querella presentada por la defensa de Ikassrien para que se investigaran las torturas que habría sufrido en Guantánamo.

El fiscal Vicente González Mota recurrió la apertura del procedimiento al entender que los hechos no se ajustaban a los supuestos contemplados en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Además, en enero de 2010 Garzón admitió a trámite otra querella presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

En este caso la acción penal se dirigía contra el consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.

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