El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado hoy prisión incondicional sin fianza para los dos supuestos cabecillas de la trama de cobro de comisiones ilegales a cambios de contratos destapada en la »operación Púnica», el ex »número dos» del PP de Madrid y exlalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y su amigo el constructor David Marjaliza, considerado el conseguidor de la trama.
Granados ha contestado a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales del caso durante dos horas de esta mañana, y ha negado negocios en común con Marjaliza, quien se ha negado a declarar.
El magistrado imputa al político los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
El juez reseña en su auto de prisión que Granados es titular de «algunas de las cuentas» de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales «agravado» y añade que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta, en materia de contratación pública y urbanismo.
Velasco apunta que el exconsejero formó parte de una red de tráfico de influencias que utilizó también en beneficio propio, e identifica diversas operaciones inmobiliarias que podrían haber constituido una contraprestación recibida de aquellos empresarios.
La trama denominada »Púnica», en honor a su cabecilla, el exnúmero dos de Aguirre, Francisco Granados, se ha saldado con la detención de 50 personas, regidores y empresarios, principalmente, por firmar sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos ayuntamientos de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado.
Según otras fuentes jurídicas habría 51 imputados y 37 detenidos, además de precisar que se trata de detenciones policiales y no judiciales
La Fiscalía Anticorrupción detalla que se trata de «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
El juez Eloy Velasco comenzó el pasado miércoles a tomar declaración a los más de 30 detenidos hasta ahora en la »operación Púnica» y ese mismo día acordó la detención judicial de Granados y Marjaliza, junto a la de otros 15 arrestados, abriendo así un plazo suplementario de 72 horas para interrogarles.
El magistrado ordenó el ingreso en prisión de cinco imputados:el presidente de la Diputación de León Marcos Martínez y el empresario Alejandro de Pedro, al que considera una de las «cabezas» de la trama desarticulada. Y pocas horas después decreto prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza; el empresario David Marjaliza y a su secretaria, Ana María Ramírez.
Velasco también ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, administrador de Waiter Music, para el que la fiscal anticorrupción Carmen García había pedido, igual que para los otros dos, prisión incondicional.