El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la suspensión de forma cautelar de la ley navarra de la vivienda que prevé expropiar casas a bancos para evitar desahucios.
Para tomar esta decisión, el Constitucional ha tenido en cuenta informes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que advierten de que estas iniciativas «están generando incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera», según fuentes del tribunal.
La ley fue aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento de Navarra con el voto en contra de UPN y PP y el apoyo del PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos.
El pasado 12 de diciembre el Constitucional decidió suspender la ley «antidesahucios» navarra porque así lo había solicitado el Gobierno, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
La decisión del TC ha contado con el voto particular en contra de su vicepresidenta, Adela Asúa, y de los magistrados Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol, que creen que debía levantarse la suspensión al no haber quedado acreditado «pueda causar unos perjuicios de imposibles o difícil reparación».
En julio de 2013 el Constitucional también suspendió de forma cautelar el decreto andaluz sobre desahucios, que autorizaba la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
En la providencia notificada hoy sobre la ley «antidesahucios» navarra, el pleno del TC tiene en cuenta informes de 2013 y 2014 de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que advierten de que «ciertas iniciativas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios están generando incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera».
Se basta también el tribunal en un informe del Banco de España de noviembre de 2013 que sostiene que la aplicación de las medidas contenidas en la norma recurrida «genera incertidumbre sobre el marco en el que las entidades de crédito o la propia SAREB podrán gestionar sus activos inmobiliarios».
«El Banco de España -añade el auto- considera que la norma ha introducido ya una indeseable incertidumbre en el marco que afecta a la gestión por las entidades de crédito y por la SAREB de sus activos inmobiliarios y ha añadido inseguridad jurídica en relación con las garantías de los títulos hipotecarios de las entidades españolas, lo que podrá afectar a sus condiciones de financiación y, por consiguiente, al flujo del crédito a la economía real».
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, según el TC, la «ley antidesahucios» navarra puede determinar «un incremento de los costes de reestructuración asumidos por el Estado», lo cual se produce en un contexto como el actual «en el que resulta imprescindible proseguir con los esfuerzos y extremar la vigilancia con el fin de proteger la estabilización definitiva del sector financiero español en un entorno económico todavía adverso».
Los letrados de la Comunidad Foral y del Parlamento de Navarra alegaron, por su parte, que estos informes del Banco de España y de los organismos internacionales contienen «meras suposiciones».