Sábado 15/12/2018.

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El Constitucional ampara a un discapacitado marginado por la Comunidad de Madrid

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un ciudadano a quien, pese a tener una minusvalía psíquica reconocida del 65% y una dependencia en grado 1, le fue negada por la Comunidad de Madrid la posibilidad de ingresar en un centro de atención especial por ser mayor de 60 años.
  • El Constitucional ampara a un discapacitado marginado por la Comunidad de Madrid EFE

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un ciudadano a quien, pese a tener una minusvalía psíquica reconocida del 65% y una dependencia en grado 1, le fue negada por la Comunidad de Madrid la posibilidad de ingresar en un centro de atención especial por ser mayor de 60 años.

El alto tribunal considera que, para evitar la discriminación, la Administración debía haberle proporcionado la asistencia adecuada a su situación en un centro especializado, y no una plaza en una residencia de la tercera edad, sin posibilidad de recibir un tratamiento específico para su discapacidad, por el hecho de ser anciano.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, declara que se ha vulnerado el derecho del recurrente a no ser discriminado por razón de edad y discapacidad.

La doctrina constitucional señala que el padecimiento de una discapacidad constituye una circunstancia personal que exige una protección de la Constitución frente a cualquier forma de discriminación.

Además, la Constitución ordena a los poderes públicos poner en práctica políticas de integración de los discapacitados, una política a la que obligan a España, además, los tratados internacionales.

De este modo, el TC anula la decisión de la Comunidad, que ha causado al recurrente "la pérdida del derecho a la asistencia médica que necesita por su discapacidad psíquica".

En este caso, se ha producido una "discriminación múltiple", por edad y por discapacidad, en la medida en que "no va a tener la atención que necesita, tanto para su salud como para su integración social, frente a quienes en su misma situación de discapacidad sí disponen de dicha asistencia únicamente por no tener 60 años".

Por todo ello, el Tribunal declara que se ha vulnerado el derecho a la igualdad del demandante de amparo y declara la nulidad de todas las resoluciones dictadas, administrativas y judiciales.

La sentencia recuerda que en este caso no se ha planteado la posible inconstitucionalidad de la orden autonómica, sino la de "la negativa de las resoluciones aquí impugnadas en evitar la aplicación de aquella norma de exclusión, pese a disponer de instrumentos jurídicos suficientes" para ello.

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