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El Constitucional cuestiona la norma de la UE que obliga a entregar a condenados en rebeldía

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El Constitucional cuestiona la norma de la UE que obliga a entregar a condenados en rebeldía El Constitucional cuestiona la norma de la UE que obliga a entregar a condenados en rebeldía

El Tribunal Constitucional ha planteado por primera vez tres "cuestiones prejudiciales" al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al estimar que la directiva que regula la euroorden y obliga a entregar a personas condenadas en rebeldía colisiona con el derecho a un proceso con todas las garantías.

Así lo acuerda el Constitucional en un auto en el que suspende hasta tener respuesta del Tribunal de Justicia de la UE la tramitación del recurso interpuesto por el ciudadano italiano Stefano Monelli, condenado en rebeldía en su país a diez años de prisión por "bancarrota fraudulenta" y cuya entrega fue aprobada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Monelli invocó en su demanda la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías, establecido en el artículo 24.2 de la Constitución, al entender que la decisión de la Audiencia se aparta de la doctrina del TC, que siempre ha condicionado la entrega de condenados en rebeldía a la posibilidad de revisión de la sentencia.

Esa doctrina, explica el TC, era compatible con la norma europea que regulaba la euroorden, pero ésta fue modificada, de modo que ahora impide denegar la entrega de un condenado en rebeldía si, sabiendo que iba a ser juzgado, "dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido en el juicio".

En el caso de Monelli, éste estuvo representado en el proceso penal en el que fue condenado por dos abogados de su confianza.

Ahora, el Constitucional pregunta al Tribunal europeo si la nueva regulación de la euroorden debe interpretarse "en el sentido de que impide a las autoridades judiciales nacionales (...) someter la ejecución de una orden europea de detención y entrega a la condición de que la condena en cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos de defensa del reclamado".

En caso de que la respuesta sea afirmativa, el Constitucional pregunta si la norma es compatible "con las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo (...), así como de los derechos de la defensa garantizados en el artículo 48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)".

En el caso de que la respuesta también sea afirmativa, el Constitucional plantea si hay colisión con el artículo 53 de la CDFUE, que prevé que ninguna de las disposiciones de la Carta "podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por las Constituciones de los Estados miembros".

La pregunta, esta vez, es si ese artículo permite a un Estado miembro condicionar la entrega de una persona condenada en rebeldía, otorgando así al recurrente "un mayor nivel de protección que el que se deriva del Derecho de la Unión Europea, a fin de evitar una interpretación limitativa o lesiva de un derecho fundamental reconocido por la de ese Estado miembro".

Es decir, lo que el Constitucional quiere saber es si, a pesar de lo que establece la norma que regula la euroorden, puede condicionar la entrega del condenado a que la sentencia sea sometida a revisión por exigirlo así un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

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