Lunes 19/11/2018.

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El Consejo Fiscal estudia el 18 si es procedente reclamar a Justicia información sobre la defensa de Llarena en Bélgica

Cinco vocales de la conservadora Asociación de Fiscales consideran que merecen ser informados sobre este caso

El Consejo Fiscal estudia este martes si es procedente que este órgano reclame al Ministerio de Justicia información y documentos relativos a la respuesta que el Gobierno dio tras la presentación por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de una demanda civil en Bélgica contra el instructor del 'procés', Pablo Llarena.

Los fiscales Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y Rosa Rubio, vocales del Consejo Fiscal y miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), pidieron a finales de agosto que Segarra que reclamase esta documentación al entender que este órgano consultivo merecía ser informado de las decisiones de Justicia en relación con la defensa de la soberanía de los tribunales españoles en este caso.

Por su parte, la fiscal general decidió no hacer esta petición a Justicia y llevar el asunto al Consejo Fiscal que se celebra el próximo martes para estudiar la "procedencia y admisión" de dicha petición de los vocales conservadores.

SOMETER A "INQUISICIÓN" LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

En el escrito que dirigieron a la máxima representante del Ministerio Público, los cinco vocales de la Asociación de Fiscales afirmaban que la intención de la demanda presentada por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros no es otra que "someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho".

Piden que se requiera al Estado español todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional "tanto la jurídica como la representada por la opinión pública". Añaden que la demanda contra Llarena, al afectar al instructor del caso en el Tribunal Supremo español y cuestionar los derechos fundamentales de los investigados "supera notoriamente los límites de una demanda personal" y supone un "ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España".

Estiman que el Consejo Fiscal debe estar informado de todas las actuaciones desplegadas al respecto y reclaman que Justicia envíe la demanda presentada en Bélgica, su traducción al castellano, los dictámenes realizados por la Abogacía del Estado y la resolución final de la ministra de Justicia "así como cualesquiera otras resoluciones o documentos aptos para que el Consejo Fiscal tenga completo y cabal conocimiento" de todas las decisiones adoptadas sobre este asunto.

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