Miércoles 07/12/2016.

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El Congreso aprueba que el Tribunal Supremo sólo estudie los pleitos económicos superiores a 600.000 euros

Da vía libre a la Ley de Agilización Procesal que acorta los plazos para ejecutar los desahucios y elimina vistas innecesarias
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la Ley de medidas de Agilización Procesal por la que el Tribunal Supremo sólo estudiará los pleitos económicos cuya cuantía supere los 600.000 euros. Esta norma también acorta los plazos para ejecutar los desalojos en los juicios de desahucio por falta de pago.

La principal novedad que establece esta Ley radica en la elevación de 150.000 a 600.000 euros del límite mínimo para interponer un recurso de casación en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo. No obstante, el alto tribunal podrá estudiar los procesos tramitados por razón de la materia que sean menores a esta cantidad siempre que presenten interés casacional.

La cuantía fue rebajada hasta los 15.000 euros durante su tramitación en el Senado, aunque finalmente los diputados han unido este jueves sus votos para fijar el límite en 600.000 euros.

La Ley de Medidas de Agilización Procesal se justifica en el aumento exponencial de la litigiosidad registrado en los últimos años. Durante 2009, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones creció en un 33 por ciento, con respecto a los tramitados diez años antes, y fue especialmente intenso el volumen de entrada en el orden civil.

El objeto del texto es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo para suprimir trámites innecesarios y limitar el "uso abusivo" de instancias judiciales con el fin de dilatar la resolución de los casos.

La Ley también eleva a 30.000 euros la cuantía de los asuntos que deben resolverse por los trámites del procedimiento abreviado y suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos. Además, modifica la cuantía para que las sentencias de los juzgados de lo Contencioso puedan ser susceptibles del recurso de apelación, pasando de 18.000 a 30.000 euros.

Asimismo, extiende el sistema del juicio monitorio a los procesos de desahucio por falta de pago. En el caso de que el inquilino no desaloje el inmueble, pague o formule oposición al requerimiento, se pasará directamente a la ejecución del desahucio, cuya fecha se le notificará en esa misma comunicación, con el fin de evitar vistas innecesarias y que los morosos intenten evitar los lanzamientos.

Además, la ley mantiene el valor mínimo del 50% para que un inmueble embargado pueda ser adjudicado en subasta. Por otro lado, cuando la mejor oferta sea inferior al 70% del valor de salida a subasta de la vivienda y la persona embargada no haya presentado postor, el banco podrá pedir la adjudicación del inmueble por dicha cantidad siempre que sea superior a la mejor oferta.

En el orden penal, la norma trata el derecho de defensa de las personas jurídicas, su intervención en el juicio oral y conformidad así como su rebeldía. Esta regulación era obligada tras la reforma del Código Penal aprobada el pasado diciembre.

JUECES EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Al afectar algunas enmiendas del Senado a materia regulada por ley orgánica, los diputados han realizando una votación separada que ha requerido de mayoría absoluta para su aprobación. Así, la nueva Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha quedado aprobada por 343 votos a favor y una abstención.

De esta forma, se ha modificado el artículo 351 de la LOPJ para que los jueces y magistrados sean declarados en situación de servicios especiales cuando sean nombrados para cargos políticos o de confianza en virtud de Real Decreto o Decreto autonómico, así como cuando sean elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las comunidades autónomas o corporaciones locales.

En este caso, los jueces y magistrados junto con los funcionarios de otros Cuerpos, que reingresen en la Carrera correspondiente, deberán de abstenerse de conocer de los asuntos concretos vinculados a su actividad política.

Además, se les declarará en situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, cuando se presenten como candidatos en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas o las corporaciones locales.

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