Sábado 21/10/2017.

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Comienza este martes en Pontevedra el juicio contra cuatro acusados de secuestrar a un exedil del PP

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra juzgará los días 7, 8 y 9 de este mes a cuatro acusados de secuestrar, hace seis años, a un exedil del PP y empresario de A Illa de Arousa.
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En su momento la Policía apuntó a un supuesto ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas, ya que supuestamente le reclamaban una deuda. Los procesados son tres hombres, acusados de ser los presuntos autores materiales del secuestro y una mujer acusada de cómplice.

Según sostiene la Fiscalía, los procesados planearon el secuestro de Román Santiago Allo, con el fin de conseguir de éste y su familia dinero. "Al parecer dos años antes Román Santiago y Manuel O.O. participaron en un transporte de sustancias estupefacientes que se frustró, por lo que reclamaban al primero 500.000 euros", indica el escrito del Ministerio Público.

Para dar cumplimiento a ese plan, en la tarde del día 14 de septiembre de 2006, localizaron a Román cuando circulaba en su coche por la carretera de Vilagarcía, momento en el que fue interceptado por un Audi conducido por uno de los acusados, Rafael R.G., de 32 años y miembro del clan de los 'Fancho', de A Pobra, relacionado tradicionalmente con el narcotráfico, que le amenazó con pegarle un tiro si no subía a su coche.

Román emprendió la huida, siendo interceptado por un Nissan Patrol que conducía el procesado, Antonio Manuel R.G., de 34 años, exhibiéndole una navaja, al tiempo que otro ocupante del Nissam le encañonaba con una pistola. Amedrentado por la actitud de los acusados, Román, según el mismo relato, se subió al vehículo Audi S-4, siendo trasladado a la zona del monte Curota.

Con las manos atadas la víctima estuvo retenido en un galpón del monte de A Curota, en el municipio de A Pobra do Caramiñal, allí le pusieron en contacto con su hermano Bruno a quien trasladaron hasta el mismo galpón donde fue agredido por varios individuos no identificados.

AGRESIÓN

Le propinaron patadas, le golpearon con porras, incluso sufrió descargas con una defensa eléctrica, al tiempo que le decían: "tenéis que pagarnos el dinero que nos debéis, si no lo pagáis os matamos a ti, a tu hermano y a toda tu familia", mostrándole a su hermano Román que estaba herido y esposado en la caseta, recoge el relato fiscal.

Los acusados dejaron marchar a Bruno con la advertencia de que tenía que conseguir el dinero y llevaron a Román a otra caseta donde le dieron otra paliza, empleando descargas eléctricas, mientras Manuel O., de 44 años y vecino de A Illa de Arousa, le apuntaba con una pistola en la cabeza.

Fue liberado tras recibir sus secuestradores 12.000 euros que les entregó Bruno, no sin antes advertirle que si contaba lo sucedido a la Guardia Civil ya sabía lo que quedaba, que eran muchos y tenían familia, según el relato de los hechos que hace el Ministerio Fiscal.

Román Santiago era copropietario de la factoría de marisco Cholamar, dedicada a la venta de pulpo congelado y ubicada en el municipio pontevedrés de Ribadumia. Falleció el 22 de julio de 2007 tras ser alcanzada la moto que pilotaba en la zona de Barrantes en Ribadumia, por un vehículo Renault Megane que salía de un estacionamiento.

El joven empresario, que dejó un hijo de corta edad, había sido edil del PP en el ayuntamiento de A Illa de Arousa y presidente de las Nuevas Generaciones.

DELITOS

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de secuestro, un delito de trato degradante, dos delitos de lesiones con instrumento peligroso.

Así, la Fiscalía pide para Manuel O.O., Rafael R.G., y Antonio Manuel R.G., en concepto de autores, ocho años de prisión por el secuestro y uno por el de trato degradante. Para Manuel O.O. y Antonio Manuel R.G. solicita tres años de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones y para Rafael R.G. cinco años de prisión por cada uno de esos dos delitos de lesiones.

Finalmente para Clara R.Q., como cómplice, demanda cuatro años por secuestro, nueve meses por trato degradante y dos años por cada uno de los dos delitos de lesiones.

Conjunta y solidariamente el fiscal solicita que los procesados indemnicen a los herederos de Román Santiago con 100.000 euros y a Bruno Santiago en 30.000 euros y 12.000 por la cantidad recibida en concepto de rescate.

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