La Fiscalía Anticorrupción anunciará el próximo lunes si pide el ingreso inmediato en prisión u otras medidas cautelares para alguno de los 65 condenados por el uso irregular de tarjetas opacas de Caja Madrid, entre los que figuran los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
Fuentes de la Fiscalía no han especificado cuáles serán las medidas que propondrá el fiscal Alejandro Luzón al tribunal que ayer condenó a Blesa y Rato a seis años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, al considerarlos culpables de apropiarse indebidamente del patrimonio de la entidad a través del sistema de las tarjetas «black».
Asimismo, el ex director general de medios de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, fue condenado a dos años y seis meses de prisión como colaborador y cómplice de la «mecánica desarrollada», en tanto que a los otros 62 les impuso penas de entre tres meses y tres años de prisión.
Tanto Blesa como Rato han manifestado su intención de recurrir la sentencia, decisión compartida por la mayoría de los condenados y para lo que cuentan con cinco días a partir de su notificación.
La Audiencia Nacional ha absuelto a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj del delito de administración desleal achacado por alguna de las acusaciones particulares, entre ellas las de Bankia y su matriz, BFA.
El presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Gonzalo Postigo, sindicato de las antiguas cajas que ha ejercido la acusación popular, ha dicho que no descarta acudir al Supremo para que «se les juzgue por un delito de administración desleal» al no ser todavía la sentencia firme.
¿Hay riesgo de fuga?
La CIC ha pedido a la Sala de lo Penal el ingreso en prisión de Blesa y Rato para evitar «la reiteración del delito».
La acusación, que ejerce el abogado Andres Herzog, considera que en este caso «resulta incontrovertida la concurrencia» de los requisitos que la Ley exige para la celebración de la vistilla de medidas cautelares «atendiendo al cúmulo evidencial puesto de manifiesto con la condena» que se ha impuesto a ambos, que además tienen otras causas pendientes ante la justicia. La gravedad de las penas, superiores a dos años en ambos casos, «evidencia de forma reforzada» según esta parte «un cierto y objetivo riesgo de sustracción de la acción de la justicia».
En principio, la Fiscalía es partidaria de solicitar el ingreso en prisión sólo para los condenados a más de cinco años y cuando aprecia riesgo de fuga, circunstancia que no parece darse en el caso de Miguel Blesa, el único con una pena superior.
Sí podría imponerle alguna otra medida cautelar, como la retirada del pasaporte o la comparecencia periódica en el juzgado.
A Rato ya se le retiró el pasaporte en octubre de 2015, con motivo de la causa pendiente en el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid sobre el origen de su fortuna.
En mayo de 2013, Blesa tuvo que entregar también su pasaporte, en la causa que investigaba la compra de City National Bank de Florida, pero se le devolvió en julio de ese año a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid.