Viernes 09/12/2016.

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El CGPJ pide un pacto de Estado para extender la modernización de la Justicia en todos los órdenes jurisdiccionales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplaudido este jueves la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, de la nueva Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. No obstante, ha reclamado extender el proceso reformador a la Jurisdicción penal y ha llamado a las fuerzas políticas a alcanzar un pacto de Estado para extender la modernización en todos los órdenes.
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La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha advertido en un comunicado de que este proceso debe llegar "lo más pronto posible" al ámbito de la Jurisdicción penal, que concentra el 75 por ciento de los asuntos que llegan a los tribunales.

Con todo, ha subrayado que estas tres normas constituyen un "importante paso adelante" en la modernización de la Administración de Justicia y ha recordado que contaron con el "apoyo" y el "impulso" que ofreció el Poder Judicial, concienciado en mejorar el servicio que los juzgados y tribunales prestan a los ciudadanos.

Para el Consejo, la Ley de Medidas de Agilización de la Justicia agilizará procesos de las jurisdicciones de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, con el correspondiente "ahorro de costes para las arcas públicas y sin que, en ningún caso, se mermen las garantías procesales de los usuarios de la Justicia".

Tal y como destacó en el preceptivo informe que elaboró sobre esta Ley, la simplificación del sistema de recursos reducirá el tiempo medio de espera hasta obtener una resolución firme y permitirá al Tribunal Supremo cumplir con su labor de unificar doctrina para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

ACABAR CON EL "PEREGRINAJE DE JURISDICCIONES"

Por otra parte, entiende que la nueva Ley Concursal favorecerá los acuerdos previos que faciliten la viabilidad de las empresas en crisis puesto que pretende conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal y permitiendo descongestionar los juzgados de lo Mercantil.

Por último, considera que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social implanta una nueva ley procesal laboral que pone fin a la "actual dispersión legislativa".

"Además, atribuye a este orden jurisdiccional materias que, en la actualidad, están atribuidas al orden Contencioso-Administrativo y, en menor medida, al orden Civil, al objeto de acabar con el actual 'peregrinaje de jurisdicciones' en la resolución de litigios sobre materias conexas", concluye Bravo.

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