Martes 04/12/2018.

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El CGPJ concederá a título póstumo la "Raimunda" a Ramírez Sunyer, instructor de la causa por el 1-0

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su sesión de este miércoles la concesión de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, a título póstumo, al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien hasta su muerte a principios del pasado mes de noviembre estuvo investigando la causa por la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Sunyer falleció el pasado 4 de noviembre a los 71 años tras una larga enfermedad que le sorprendió mientras instruía la causa por el referéndum independentista, y tras su desaparición mereció el reconocimiento de toda la carrera judicial y fiscal.

El juez Ramírez Sunyer fue quien ordenó el registro el 20 de septiembre de las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que desencadenó la protesta de unas 40.000 personas a las puertas de Economía.

La violencia que según la Fiscalía se desplegó en aquella jornada ha servido de base para la querella por rebelión que se tramitó en el Tribunal Supremo contra cerca de una veintena de exmandatarios indepedentistas, que serán juzgados próximamente.

ORIGEN DE SU INVESTIGACIÓN

La investigación del juez de Barcelona arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.

A partir de estas denuncias, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer investigó al también juez Vidal y al expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, y posteriormente a cargos de la Conselleria de Economía como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, buscando principalmente el origen de los fondos para sufragar la consulta y los responsables de la logística.

La causa, que aún se sigue instruyendo, se dirige también contra responsables de empresas adjudicatarias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.

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