Las defensas de los 65 acusados en el juicio por el uso de las tarjetas black ya han levantado sus cartas. En la primera jornada del juicio, durante la exposición de las cuestiones previas anterior a las declaraciones de los usuarios de las tarjetas, que empezarán el próximo viernes, los abogados defensores han explicado en qué basaran la pretendida inocencia de sus representados.
El fiscal, Alejandro Luzón, considera que los 65 usuarios de las tarjetas black cometieron un delito continuado de apropiación indebida y pide para todos ellos un total de 170 años de cárcel. Los que se enfrentan a una mayor pena de prisión son los supuestos idearios o facilitadores de este ‘sistema retributivo fuera del circuito ordinario’, es decir, Miguel Blesa (6 años) y Rodrigo Rato (4 años y 6 meses).
La acusación está clara: los consejeros y directivos de Caja Madrid y posteriormente Bankia utilizaron las tarjetas sin ningún control entre 1998 y 2012 para gastos propios y lo hicieron con un instrumento “creado al margen del circuito ordinario”.
Pero, ¿cómo defenderán los 65 acusados su inocencia? Estas son las principales líneas de defensa que esgrimirán a lo largo de los casi diez meses que quedan de juicio.
Falta de legitimación de Bankia
Uno de los principales argumentos de las defensas es que no existe ningún perjuicio económico para ninguna de las dos acusaciones particulares: BFA Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
¿Por qué dicen esto? Según ha explicado en la primera jornada del juicio, las defensas consideran que los cargos que pudieran haberse realizado antes de la «operación de segregación» únicamente afectarían a Caja Madrid y en ningún caso a Bankia, ya que esta no existía en el momento en que se realizaron los cargos.
Pero además, la defensa alega que estos cargos se realizaron a una cuenta a nombre de Caja Madrid y, posteriormente, a la ‘operación de segregación’ aparecen regristrados en la contabilidad de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid.
Por ello, consideran que «ni el FROB ni Bankia tienen ninguna vela en este entierro» ha resumido el abogado defensor de Estanislao Rodríguez Ponga.
Vulneración de derechos fundamentales
Por otro lado, la mayoría de las defensas se han adherido a lo largo de las cuestiones previas al argumento de vulneración de derechos fundamentales de los acusados.
Consideran que al filtrarse los documentos en los que aparecían los gastos con las tarjetas realizados entre otros para gastos personales como restaurantes o viajes, las horas a las que se hicieron y la cuantía de los mismos, se ha vulnerado el derecho a la protección de datos de los usuarios.
No hay registros oficiales de los gastos
Además, las defensas han planteado la imposibilidad de probar que los gastos se realizaron realmente. Según han expuesto, entre otras la defensa de José Antonio Moral Santín, no existe una acreditación, recibos o documentos oficiales, sobre los gastos de las tarjetas black, sino “simplemente un documento de Excell”.
«Deberían estar todas las boletas» de los gastos de esta hoja de Excell, ha añadido la defensa de Gerardo Díaz Ferrán, que ha pedido la nulidad de esta prueba tachándola de “chapuza”.
Reparación del daño
Por otro lado, algunos de los acusados han alegado que han ‘devuelto’, depositando en una cuenta puesta al efecto por el FROB, el dinero gastado o parte de él con las tarjetas black.
Por ello creen que al haber reparado el daño patrimonial que podría haber causado a Caja Madrid y posteriormente a Bankia, no existe motivo para continuar con las acusaciones contra ellos.
Complemento retributivo o gastos personales
En lo que no han entrado las defensas al menos en la primera jornada del juicio es en el fondo de la utilidad de estas tarjetas. Es una de las cuestiones clave que deberá resolver el tribunal una vez escuchadas las partes: si se utilizaron como un complemento al salario o se trataba de gastos de libre disposición personales.
El Fiscal, Alejandro Luzón, las calificaba en su escrito de acusación como “una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal”. Sin embargo, algunos de los acusados manifestaron en sus declaraciones ante el juez instructor Fernando Andreu, que en el momento de hacerse entrega de las tarjetas les especificaron que podían disponer de ellas libremente y para gastos personales.
Tampoco se han pronunciado, aunque es previsible que lo hagan a preguntas de la Fiscalía en las próximas jornadas, es de la tributación adecuada para estos gastos. Esto se debe a que, si se tratase de un complemento retributivo tendría que estar sujeto a la tributación del IRPF, mientras que si estuviese a nombre de la entidad, debería esta declararla como parte de su Impuesto de Sociedades.
Esta ha sido la primera jornada de un juicio que se prevé que dure alrededor de un año y, una vez terminadas las cuestiones previas, comenzarán las declaraciones de los 65 acusados en las que explicarán a preguntas del Fiscal y las acusaciones cómo y por qué gastaron lo que gastaron con estas tarjetas.