Sábado 20/10/2018.

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Un juez de Barcelona investigará a Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones por defraudar 4,2 millones

El Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona investigará al empresario José María Ruiz-Mateos y a sus seis hijos varones por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública con los que pueden haber defraudado 4,2 millones de euros en la venta de unas fincas en Algaba (Sevilla) en 2007, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
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Así lo hará después de admitir a trámite una querella de la Fiscalía en la que reclama que se cite para interrogar al empresario y a sus hijos, aunque el juzgado sopesa que declaren por exhorto en el juzgado de Madrid, según las mismas fuentes.

El fiscal sospecha que la familia Ruiz-Mateos utilizó a los supuestos testaferros Luis Ángel B. y Ricardo C. --contra quienes también dirige la querella-- para defraudar en el Impuesto sobre Sociedades 1.630.277 euros, y en el IVA 2.617.396 euros de 2007 con la venta de las fincas.

El costarricense Luis Ángel B. --que no declara por ningún impuesto ni le constan bienes en España-- aparece como administrador de la sociedad Trent Business Inc, que a su vez es administradora única del Grupo Fortuna Red S.L., con domicilio fiscal en Barcelona y que hizo la venta de las fincas.

Ricardo C. figuraba en aquel momento como administrador único del Grupo Fortuna Red S.L. y es quien intervino en las escrituras de compraventa de los inmuebles y, según el fiscal, también tiene "el perfil de testaferro", pues, siendo extranjero, no le constan bienes en España y no declara el IRPF desde 2004 pese a constar como administrador de diversas empresas.

PROPIEDAD DE LA FAMILIA

Sin embargo, el fiscal considera que "la verdadera propietaria" es la familia Ruiz-Mateos, y por tanto, en último término son los beneficiados de estas operaciones inmobiliarias.

Según la querella, el Grupo Fortuna Red S.L. transmitió mediante dos escrituras públicas, otorgadas el 5 de octubre de 2006, 18 fincas de Algaba a la entidad E.R.M. Arquitectos SLU en la que pactaban expresamente que la entrega se haría el 15 de enero de 2007.

En esta operación, la vendedora "obtuvo una importante plusvalía", según el fiscal, ya que no presentó la autoliquidación del Impuesto de Sociedad por ese ejercicio y, de hecho, no lo había declarado desde 2005.

En cuanto al IVA, repercutió en las ventas unas cuotas por las que no tributó, pues en 2006 y 2007 presentó autoliquidaciones trimestrales a compensar "no habiendo realizado apenas en dichos ejercicios compras de bienes y servicios".

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