Sábado 10/12/2016.

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Chivatazo

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La defensa de Ballesteros se muestra "muy satisfecha" y afirma haber recuperado su confianza en la Justicia

La defensa del inspector de Policía José María Ballesteros, uno de los tres imputados en la causa que investiga el chivatazo a ETA, se ha mostrado "sorprendida" y, sobre todo, "muy satisfecha" con la decisión adoptada por la Audiencia Nacional acordando revocar parcialmente el auto de procesamiento al entender que no hay "indicios suficientes" que lo justifiquen.
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"Recupero la creencia de nuevo en la Justicia", ha destacado en declaraciones a Europa Press el abogado de Ballesteros, José Luis Vegas, que ha asegurado ser "el primer sorprendido" con el pronunciamiento adoptado por unanimidad por los 14 magistrados que han integrado el tribunal.

"Esperaba que no iba a revocar por unanimidad el auto de procesamiento", ha continuado el abogado, para confesar que temía en un principio que el Pleno de la Sala de lo Penal atendiera a criterios "políticos" y dirigiera la causa a un juzgado de Irún "sin entrar a valorar el fondo" del asunto.

De momento, la defensa del inspector José María Ballesteros continúa solicitando al juez Ruz que ordena nuevas diligencias sobre el presunto chivatazo a la banda terrorista ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acordado este miércoles estimar parcialmente los recursos de apelación presentados por las defensas de los tres imputados contra el auto de procesamiento y devolver la causa al juez instructor, Pablo Ruz, para que lleve a cabo "una más amplia investigación" y realice nuevas diligencias.

En la causa se encuentran procesados desde el pasado 13 de julio el exdirector general de la Policía Víctor García-Hidalgo, que habría ordenado el chivatazo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que lo habría llevado a cabo; y el inspector José María Ballesteros, que se habría desplazado hasta el 'Faisán'. El juez instructor, Pablo Ruz, cree que el soplo impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió su financiación a través de la extorsión a empresarios.

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