Domingo 17/02/2019.

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La Audiencia Nacional juzga desde mañana una estafa a 350 parejas con la recogida de muestras de cordón umbilical

Fiscalía pide para él 9 años de prisión e indemnizar a todas y cada una de las víctimas

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a un individuo que habría estafado a 349 parejas a quienes ofreció servicios de recogida y preservación de muestras del cordón umbilical que luego no habría llevado a cabo, bien porque nunca envió el material biológico al laboratorio donde cobró por guardarlo, bien porque no pagó a esa tercera empresa los importes necesarios para que garantizaran la conservación. Cuando fue detenido en marzo de 2012, llevaba material biológico en el maletero del coche.

Se trata de Raúl Conejero, un ciudadano de Alcoy que según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, habría estado captando a parejas interesadas en recoger las muestras de sangre del cordón umbilical de su bebé recién nacido para guardarlas en un banco especializado al que podrían recurrir en caso de que el propio hijo o algún miembro de la familia sufriese una enfermedad paliable con un transplante a partir de esas células madre previamente criogenizadas.

El acusado tenía experiencia en la materia, porque estuvo trabajando precisamente como agente comercial de la empresa Stem Cell S.A, especializada en preservación de muestras biológicas, entre 2009 y 2011 para la Comunidad Valenciana, Murcia y algunas zonas de Castilla-La Mancha. De hecho, cuando fue despedido siguió presentándose ante los potenciales clientes como representante de aquella empresa, "aprovechando la credibilidad profesional que le otorgaba".

Básicamente, se encargaba de contactar con los servicios de Ginecología de los hospitales en su zona de actuación, donde impartía charlas informativas a las gestantes interesadas. Allí contrataba la crioconservación de las células madre del cordón umbilical y una vez recogidas las muestras, las enviaba a un laboratorio de Alemania (MLB) donde se almacenaba el material y se remitía información médica y un número de almacenaje a los clientes.

Sin embargo, montó su propia mercantil para estas gestiones, Representaciones Biomédicas Levante SL y creó las marcas comerciales Instituto Celular y Criocell, y comenzó a vender por su cuenta los mismos servicios a "numerosos clientes" pero utilizando "documentación simulada donde aparecían laboratorios inexistentes", firmas de médicos simuladas y certificados de análisis de células madre que eran de mentira.

Fingía así, según sostiene el Ministerio Público, "mantener una relación mercantil de almacenaje y conservación de las muestras con laboratorios con los que no había contratado o con laboratorios a quien había remitido las muestras y no había abonado el importe pactado para la crioconservación".

9 AÑOS DE CÁRCEL E INDEMINIZAR A TODAS LAS VÍCTIMAS

En este último caso, el acusado había cobrado cantidades a los perjudicados de las que se apropió sin destinarlas al pago de los servicios contratados y que oscilaban entre los 1.800 y los 2.200 euros por muestra que los recientes padres pagaban "confiados en que las muestras de sangre del cordón umbilical de sus hijos recogidas iban a ser conservadas", en línea con las recomendaciones y consejos que les habían dado en ocasiones sus propios ginecólogos en el hospital.

Para "simular" que las empresas que había creado tenían "solvencia" en la crioconservación de células madre, contrató a otra persona que según el fiscal, no sabía cuál era la verdadera actividad del acusado, y que puso en pie cinco páginas web y dominios, todos a nombre de las distintas mercantiles que había montado, donde los clientes pudieran encontrar referencias de su labor.

Fiscalía pide para Conejero nueve años de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales y un delito continuado de estafa, así como 24 meses de multa en total a 12 euros el día y una responsabilidad civil que pasa por indemnizar a cada una de las 349 parejas afectadas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros.

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