Sábado 10/12/2016.

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La Audiencia Nacional deja otra vez en libertad a la abogada de presos etarras Arantza Zulueta

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez de este tribunal Fernando Grande-Marlaska de ordenar la prisión de la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta y ha ordenado que vuelva a quedar en libertad bajo fianza de 60.000 euros.
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La Audiencia Nacional deja en libertad a la abogada de presos etarras Arantza Zulueta La Audiencia Nacional deja otra vez en libertad a la abogada de presos etarras Arantza Zulueta

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez de este tribunal Fernando Grande-Marlaska de ordenar la prisión de la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta y ha ordenado que vuelva a quedar en libertad bajo fianza de 60.000 euros.

Zulueta fue detenida en abril de 2010 acusada de formar parte del colectivo Halboka, supuestamente encargado del control del colectivo de presos de la banda, e ingresó en prisión el día 19 de ese mes, aunque el 2 de diciembre de 2010 la sala ordenó su puesta en libertad bajo fianza.

Detenida nuevamente el pasado 13 de julio en relación con un documento intervenido en esa operación en el que ETA encomendaba a la letrada crear una "red de inteligencia", Marlaska volvió a enviar a Zulueta a prisión, pero el tribunal estima que es el mismo delito del que se la acusó inicialmente y que, además, en el tiempo que estuvo en libertad -de diciembre a julio- no reincidió en él.

Tras la operación desarrollada en abril de 2010 contra el colectivo Halboka, Marlaska envió a prisión además de a Zulueta, a los abogados Jon Enparantza e Iker Sarriegi, así como a la exetarra Naia Zuriarrain y a la portavoz de Etxerat Saioa Agirre, acusados de actuar como "enlaces" entre ETA y sus presos e imputados por un delito de integración o colaboración con banda terrorista.

En el auto de prisión, el juez afirmaba que los despachos de los abogados constituían "un centro logístico de distribución" de documentos de ETA hacia los presos y de éstos a sus estructuras, que y desde ellos se realizaba una tarea que iba "mucho más allá de las loables funciones de defensa ejercidas con carácter complementario".

El magistrado basaba sus conclusiones en la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, "Thierry", responsable del aparato político de ETA, detenido en mayo del 2008 en Burdeos, así como en los efectos aprehendidos en poder de los detenidos, "suficientemente explícitos".

Siete meses y medio después, el 2 de diciembre, la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros a Zulueta, Enparantza y Sarriegi, al entender que había disminuido el riesgo de fuga dado el tiempo transcurrido desde que ingresaron en la cárcel -siete meses- y el arraigo familiar y laboral.

Mientras tanto, sin embargo, las Fuerzas de Seguridad seguían analizando el material intervenido en la operación, entre ellos un archivo informático fechado en 2009 e incautado en el domicilio de la letrada.

En él, ETA advertía de la necesidad de crear una estructura denominada Amarauna (tela de araña) que fuera como una "red de inteligencia" que se encargara de captar nuevos militantes y recabar informaciones sobre objetivos, y consideraba que Zulueta era la persona indicada para coordinarla.

Uno de los objetivos que se había fijado la banda terrorista para atentar era la Audiencia Nacional, según Marlaska, que a la vista del contenido del documento ordenó el pasado 13 de julio que la letrada fuera nuevamente detenida.

Al día siguiente, el juez envió otra vez a prisión a Zulueta por un delito de pertenencia a organización terrorista.

La sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, sin embargo, considera ahora que no se trata de un nuevo delito, sino de la "confirmación" del que se le imputó inicialmente, por lo que no aprecia nuevas razones para mantenerla en prisión.

"Sin perjuicio de apreciar cumplidamente el ahínco del instructor, los indicios desvelan todo lo más una confirmación de la atribución provisional" del delito, "pero desde luego no en un plano de actualidad, resultando difícil establecer una continuidad en la conducta ilícita para acordar la prisión provisional en orden a impedir su reiteración".

La sala concluye que, "siendo innegable su arraigo ejercitando la Abogacía, disponiendo de domicilio conocido y estable y habiendo depositado una fianza en metálico y no habiendo variado la imputación provisional, procede alzar la medida de prisión", concluye la sala.

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