Viernes 22/09/2017.

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Archivan las denuncias cruzadas de PP y PSOE por la posible destrucción de documentos en la Diputación de Granada

Remite sin embargo las diligencias a la Agencia Española de Protección de Datos "para la valoración que proceda" en cuanto a la protección de datos de carácter personal
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La Fiscalía de Granada ha archivado las denuncias que se cruzaron el entonces presidente de la Diputación de Granada, el socialista Antonio Martínez Caler, y dirigentes del PP por la posible destrucción de documentos en la institución provincial después de las elecciones municipales, que supuso un cambio en el color del gobierno provincial.

En la primera de las denuncias, presentada el 13 de junio de 2011, Caler atribuía un posible delito de calumnias a Luisa María García Chamorro y José Antonio Robles por la rueda de prensa en la que días antes habían manifestado que una serie de camiones se están llevando gran cantidad de documentación de la Diputación para ser destruida.

Según el Ministerio Público, no existen tales calumnias en tanto que ni Robles ni Chamorro se imputaron entonces hecho delictivo alguno a una persona determinada, ni tampoco hicieron aquellas declaraciones a "sabiendas de su inexactitud" ya que expusieron unos hechos ante los medios que después denunciaron sin que actuaran "movidos por un temerario desprecio a la verdad", señala en el decreto de archivo, del que ha informado este viernes a los medios la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago.

La segunda de las denuncias, la que el PP llevó a la Fiscalía el 14 de junio después de que fueran publicadas en algunos medios de comunicación algunas facturas supuestamente destruidas y arrojadas a la basura, se refería a la destrucción de documentación, enmarcada en lo que podía ser un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Según la fiscal, de los 80 documentos analizados tenían su reproducción en soporte informático, por lo que no se puede sostener que estas facturas se perdieran, y, por lo tanto no puede haber lugar a infidelidad. Asimismo, y según la investigación policial, la retirada de papel por parte de una empresa especializada "siguió los protocolos establecidos al efecto".

"Lo que ha quedado constatado tras una laboriosa investigación policial es que el papel que llega a la planta de tratamiento que es recogido de la Diputación está únicamente destinando a reciclarse y no a su destrucción, al no estar sujetos esos documetnos a un protocolo de custodia y confidencialidad. Asimismo se ha comprobado que efectivamente se produjeron servicios de recogida adicionales debido a una acumulación de papel, sin que los datos facilitados hagan concluir la existencia de hechos que revelen una actividad irregular", sostiene la fiscal.

Por ello, tras examinar el contenido de las denuncias interpuestas, que la Fiscalía había unido en un único procedimiento, el Ministerio Público concluye que "no se ha podido determinar que se hayan cometido hechos delictivos, ni el autor de los mismos".

Así, procede decretar el archivo, si bien la fiscal ha acordado remitir las diligencias de investigación ahora archivadas a la Agencia Española de Protección de Datos "para la valoración que proceda" conforme a la ley que regula la protección de datos de carácter personal.

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