Domingo 11/12/2016.

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Aprobado el nuevo reglamento del Mutualismo Judicial que regula el régimen de Seguridad Social del colectivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Reglamento General del Mutualismo Judicial, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social que tiene el personal que trabaja al servicio de la Administración de Justicia.
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El Gobierno ha dado luz verde, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, este reglamento dirigido a los miembros de las carreras Judicial y Fiscal, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, los funcionarios en prácticas, aspirantes al ingreso en las carreras y cuerpos anteriores.

Como novedad, están también integrados los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 81 del Acuerdo de 5 de Julio de 1990 del pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprobó el Reglamento de organización y personal del Tribunal. Además, engloba al personal que pase a ejercer funciones como suplente, sustituto o interino en las Carreras y Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, conforme a lo establecido en la disposición vigésimo primera de la Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009.

No obstante, de acuerdo al artículo 20.1 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre de adecuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, el personal que haya ingresado a partir del 1 de enero de 2011 queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

Asimismo, el Reglamento aprobado este viernes regula el protocolo de incorporación a la Mutualidad y define el colectivo de personas protegidas así como el régimen de cotización y las normas generales de la acción protectora definiendo las contingencias protegidas.

En particular, regula también las prestaciones sanitarias, actualizándolas y sistematizando la terminología utilizada respecto del colectivo protegido, de las técnicas médicas y de asistencia, así como la prestación farmacéutica que aparecía regulada en análogos términos a los del Reglamento anterior.

En cuanto a incapacidad temporal, el Reglamento adapta la normativa a la reforma introducida en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Mientras que regula de forma similar al régimen anterior lo referido a incapacidad permanente, las prestaciones sociales y de asistencia social y de lesiones permanentes no invalidantes. En el caso de la gran invalidez, su regulación aparece más detallada aunque no amplía los supuestos.

Sigue también la misma línea establecida para el régimen general de la Seguridad Social y de las reconocidas en el mutualismo judicial en cuanto a las prestaciones de protección a la familia.

PRESTACIONES SOBRE MATERNIDAD Y LACTANCIA

En referencia al riesgo que puede conllevar el embarazo o la lactancia natural, incorpora "una de las grandes novedades" ya que introduce las contingencias hasta ahora recogidas en los presupuestos de la Mutualidad. "Ahora se incorporan a la norma dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ha informado el Ministerio de Justicia.

"Más del 64 por ciento del colectivo protegido son mujeres y la tendencia es que seguirá incrementándose, por ello, este reglamento hace especial hincapié en clarificar todas las prestaciones que proporciona la mutualidad en relación con la maternidad, la lactancia natural el parto y el puerperio", indica en un comunicado.

Como modalidad de incapacidad temporal, y junto a la licencia por riesgo durante el embarazo, el Reglamento incluye la licencia por riesgo durante la lactancia natural de un hijo menor de nueve meses, garantizándose la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria que se encuentre en cualquiera de ambas situaciones.

La norma, asegura el Ministerio, no supone "en ningún caso" un aumento del gasto público, ya que realiza actualizaciones y adaptaciones normativas sin introducir ninguna contingencia que suponga la necesidad de una nueva dotación presupuestaria.

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