Sábado 03/12/2016.

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Anticorrupción pide imputar al empresario Ulibarri por un delito fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que llame a declarar al empresario José Luis Ulibarri como imputado por un delito contra la Hacienda Pública.
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Anticorrupción pide imputar al empresario Ulibarri por un delito fiscal Anticorrupción pide imputar al empresario Ulibarri por un delito fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que llame a declarar al empresario José Luis Ulibarri como imputado por un delito contra la Hacienda Pública.

En un escrito fechado el pasado 22 de julio, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía asegura que de un informe presentado por la Agencia Tributaria "resulta la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública por el concepto de impuesto sobre sociedades del grupo Begar -del que Ulibarri es administrador- correspondiente al ejercicio 2005".

"Ello por cuanto del referido informe y de las diligencias practicadas en el procedimiento se infiere que podrían haberse deducido incorrectamente como gastos tanto fondos que parecen vinculados a entregas ilícitas como los abonados en pago de servicios inexistentes", añade el escrito.

Según Anticorrupción, la cuota que se habría dejado de ingresar ascendería a 226.962,72 euros.

Ulibarri, que prestó declaración ante Pedreira el pasado 14 de julio, ya está imputado en la causa por otro delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial (Madrid), además de por los que falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo.

Mientras tanto, el abogado del empresario, Ignacio Peláez, ha remitido un escrito al TSJM denunciando que el pasado 18 de julio un funcionario de Hacienda se presentó en las oficinas de su cliente en Madrid para anunciar que al día siguiente volvería con un compañero "para examinar una documentación relacionada con la empresa UFC", pero sin acreditar qué resolución judicial les autorizaba a ello.

Peláez afirma que los funcionarios "pretendían vulnerar un derecho fundamental como es la inviolabilidad de domicilio (...), ya que pretendían entrar físicamente en las citadas oficinas sin la oportuna autorización judicial" y pide al TSJM que comunique a sus superiores en Hacienda lo sucedido "para que acuerden lo que estimen oportuno".

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