Martes 14/11/2017.

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Abogados de los detenidos de Alsasua dicen que para ellos "ETA es historia" y acusan a la A.Nacional de "jugar sucio"

Denuncian "graves irregularidades" en la instrucción de Carmen Lamela por no admitir testigos y pruebas de las defensas

Los abogados de los ocho jóvenes imputados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016 han acusado este martes a la Audiencia Nacional, y concretamente a la jueza instructora de esta causa, Carmen Lamela, de "jugar sucio" por vincular los hechos con terrorismo: "Para estos chavales, ETA es historia", han afirmado.

José Luis Galán, letrado de uno de los tres imputados que aún continúan en prisión provisional, ha asegurado que los ocho investigados, para los que la Fiscalía pide 375 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas, no están vinculados al movimiento denominado 'Alde Hemendik' ('Fuera de aquí'), con reivindicaciones de ETA y cuyo origen se remonta a 1976.

De este modo, las defensas de los ocho acusados han advertido en rueda de prensa hoy en Madrid de que tendrá que ser la Fiscalía la que demuestre en el juicio que los hechos ocurridos en Alsasua el año pasado constituyen delitos terroristas, ya que para ellos el suceso no pasa de ser "una bronca de bar".

En este sentido, han criticado una vez más, como ya han hecho en anteriores ocasiones, que la Audiencia Nacional haya asumido la competencia de esta investigación y que esta competencia haya sido resuelta por el Tribunal Supremo en 2017, meses después de la agresión, pero "con las pruebas de 2016".

INADMISIÓN DE PRUEBAS DE LAS DEFENSAS

Los abogados han denunciado también las "graves irregularidades" que, a su juicio, se han producido durante el proceso de instrucción del caso en la Audiencia Nacional, sobre todo por la "inadmisión de pruebas" de las defensas, pruebas que ellos consideran "pertinentes y relevantes".

Según ha explicado otro de los letrados, Jaime Montero, fueron las familias las que tuvieron que encontrar a muchos testigos de lo ocurrido, testigos que no figuraban en el atestado que elaboró la Guardia Civil, pero ha indicado que a algunas defensas se les han admitido estos testigos y a otras no.

La jueza instructora tampoco les ha permitido, ha añadido, aportar vídeos grabados tanto fuera como dentro del bar donde empezaron los hechos, a diferencia de las acusaciones, quienes sí van a presentar sus propios vídeos durante el juicio, y "se ha impedido a las defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción", las cuales "se formaron con personas que no eran de Alsasua y de diferentes edades, nacionalidades y etnias".

"Creemos que se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional", ha señalado Montero, quien ha avanzado que las defensas intentarán que el tribunal que juzgue a los ocho acusados reconsidere la postura con respecto a las pruebas al inicio del procedimiento, que tendrá lugar muy probablemente a principios del año que viene.

"Nuestras pruebas no producen ningún daño al procedimiento. Vamos a insistir hasta el último momento para evitar la indefensión", ha remarcado el abogado, quien junto a sus compañeros ha denunciado la situación en la que se encuentran todavía tres de los imputados que continúan en prisión provisional.

UN AÑO EN PRISIÓN PROVISIONAL

Un año después de Lamela ordenara esta medida para seis de los ocho acusados, tres de ellos siguen en la cárcel, "en un régimen muy duro y a 400 kilómetros de sus familias". "Están en prisión cuando no se ha demostrado ninguno de los riesgos que lo justifiquen --destrucción de pruebas, reiteración delictiva y fuga--", ha explicado la letrada Aione Carrera.

Sobre la carta que el colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha enviado al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que denuncia las "falsedades" que, a su juicio, ha vertido la izquierda abertzale en el caso de Alsasua, José Luis Galán augura que "no tendrá buena acogida".

En cualquier caso, Jaime Montero ha acusado a Covite de plantear una "falsa dicotomía" al sugerir que si no se acepta el tratamiento judicial que se ha dado al caso, al considerar los delitos como lesiones y amenazas terroristas, se está del lado de los agresores.

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