Miércoles 23/05/2018.

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La APM ve "una falsa polémica" la regulación de la sucesión del Rey y JpD apuesta por desarrollarla para despejar dudas

Así han respondido sus representantes a Europa Press al ser preguntados sobre la redacción en el ordenamiento jurídico español de una norma que regule las renuncias en la Corona, después de que la Reina de Holanda haya anunciado su decisión de abdicar en su hijo.
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha calificado como "una falsa polémica" la conveniencia de desarrollar una ley orgánica sobre la sucesión en la Corona al entender que no existe ninguna "razón" para colocarse en el plano de la "excepcionalidad". Por su parte, Jueces para la Democracia (JpD) ha entendido que el legislador "ha incumplido el mandato constitucional" de aprobar una norma que despeje todas las "dudas interpretativas" sobre esta cuestión.

El presidente de la APM, Pablo Llarena, ha afirmado que el caso de que otras Monarquías actúen de una determinada manera - en Holanda es una tradición-- "no tiene que influir" en la institución española.

"Está perfectamente regulada la sucesión en un sistema monárquico, así como las sucesiones por fallecimiento del monarca. Se puede producir una renuncia voluntaria cuando considere que no esté en condiciones de atender con plenitud su función. Lo que ocurre es que la Monarquía está desempeñando perfectamente su función y no hay razón de ir a la excepcionalidad", ha explicado Llarena.

Para el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, resulta "llamativo" que la sucesión no haya tenido el "desarrollo legislativo" que marcaba la Constitución de 1978 y ha considerado razonable que una ley orgánica "perfile todas las cuestiones que pueden generar dudas interpretativas" en el supuesto de que se produjera una abdicación en nuestro país.

Bosch ha apostado por regular por ley la sucesión pero también el "Estatuto de la Casa Real" para dotar a la Jefatura del Estado del mismo nivel de transparencia que se exige a cualquier poder público. La ausencia de este desarrollo legal genera, a su juicio, "consecuencias que no son positivas, como opacidad y falta de transparencia".

"En un Estado de Derecho no resulta admisible puesto que la Constitución prohíbe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos y obliga a que motiven y den cuenta de sus decisiones. La Jefatura del Estado es un organismo más en la estructura institucional y debe someterse a los mismos criterios de transparencia y conocimiento de sus decisiones que pueden afectar a cualquier poder que represente a los ciudadanos", ha concluido.

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