Sábado 03/12/2016.

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La AN amplia la causa sobre el genocidio maya para incluir actos de "extrema crueldad" contra las mujeres

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido una ampliación de querella en el marco de la investigación iniciada por su Juzgado sobre el genocidio contra la etnia maya para incluir crímenes de género contra mujeres como violaciones y esterilizaciones forzadas o la esclavitud sexual y otros actos de "extrema crueldad".
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En un auto hecho público este martes el magistrado especifica que entre las conductas criminales generalizadas cometidas entre los años 1960 y 1996 se incluía "atentar contra las mujeres mayas" con el fin de lograr un quebrantamiento de la estructura social.

El juez tomó declaración el pasado mes de junio a dos expertas internacionales en violencia de género, la abogada norteamericana Patricia Sellers --que ha asesorado a los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda en materia de género-- y la letrada guatemalteca María Eugenia Solís.

Los testimonios le han permitido concluir que agentes del Estado guatemalteco pudieron cometer en este periodo al menos 1.465 violaciones, el 35 por ciento de ellas a mujeres de entre 0 y 17 años.

Destaca además la existencia de contínuas agresiones sexuales de "extrema crueldad" como "atroces y brutales actos sexuales a embarazadas o niñas" que eran violadas sucesivamente por varios agentes, a veces en presencia de sus familiares.

El auto explica que estos actos generaron la reducción o anulación de la capacidad reproductora de las víctimas y destaca que entre las prácticas más cruentas se encontraban los "feticidios" o "abertura de vientres de embarazadas". "Toda esta violencia fue planificada esde el entrenamiento militar en el que las agresiones sexuales se constituían en una práctica habitual", dice el juez.

En la causa están imputados por delitos contra la humanidad, terrorismo de Estado, torturas y secuestros los ex dictadores Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía que gobernaban Guatemala entre 1982 y 1986.

Los querellantes, Women's Link Worlwide y el Center For Justice and Accountability, solicitaron la ampliación de querella al defender que durante el conflicto armado en Guatemala las mujeres mayas sufrieron vejaciones sexuales y mutilaciones que "constituyeron una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado y miembros de las PAC". La persecución al pueblo maya provocó más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas.

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