Enclavado en un arrecife de arena que forma una barrera entre el mar de Chukchi y una laguna, el pueblo de Kivalina está sufriendo la erosión de sus costas por el derretimiento de los hielos en el Artico debido al aumento de la temperatura planetaria. El cambio climático es el culpable de que los 500 habitantes de esta aldea tengan que reubicarse.
En Kivalina, situado sobre una estrecha lengua de arena a orillas del Mar de Bering, al noroeste del estado de Alaska, viven unas 400 personas, el 96% de la etnia inuit. Sus habitantes construyeron en esta isla decenas de cabañas multicolores que ahora tendrán que abandonar.
La comunidad que consiste en 85 casas, la escuela que es el edificio más grande, una oficina postal y una pista de aterrizaje, está en constante peligro de evacuación puesto que a simple vista se puede observar una capa muy delgada de hielo, además, es de las zonas de Ártico que se está calentando al doble de promedio de cualquier otro lugar en la tierra.
Según las previsiones de los expertos, incluyendo un informe militar, el antiguo pueblo ballenero de Kivalina estará totalmente sumergido en 2025, lo que convertirá a sus habitantes en los primeros refugiados climáticos estadounidenses.
Entre 2004 y 2005, la diminuta isla, de 3,88 kilómetros cuadrados, ya perdió más de 20 metros de superficie en algunos sectores como consecuencia de los temporales. Los ingenieros militares estadounidenses construyeron en 2008 un muro de roca a lo largo de la playa exterior para protegerla de la erosión, pero la medida se reveló pronto insuficiente.
En 2009, el pueblo quedó casi inundado como consecuencia de una fuerte tormenta. Y en 2011, los habitantes fueron desalojados por una inclemente tormenta. Los vecinos ahora desafían al mar de Bering sólo con bolsas de arena.
En febrero de 2008, la comunidad demandó a ocho empresas petroleras y otras 15 de energía por ser las responsables de la contaminación que provoca el cambio climático que amenaza el asentamiento. La acción judicial fue desestimada por los tribunales.
Trasladar a todos estos ciudadanos costaría unos 400 millones de dólares. Habría que mover sus casas, el colegio, el centro médico… Un problema que va más allá de la ética, toca los bolsillos