Domingo 04/12/2016.

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Bruselas propone reducir en un 90% las emisiones de dióxido de azufre del transporte marítimo

La Comisión Europea ha propuesto este viernes una norma para reducir el contenido de azufre de los combustibles utilizados en el transporte marítimo, lo que según sus estimaciones se traducirá en una disminución de las emisiones del dióxido de azufre de hasta el 90% y de las partículas finas de hasta el 80%.
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Los costes de la medida oscilarán entre 2.600 y 11.000 millones de euros, según Bruselas. No obstante, el Ejecutivo comunitario alega que los beneficios desde el punto de vista de la salud pública se cifrarán entre 15.000 y 34.000 millones.

"Esta propuesta representa un gran paso adelante en la reducción de las emisiones atmosféricas del sector del transporte marítimo, que está creciendo rápidamente. Contribuirá a solucionar los problemas persistentes de calidad del aire que siguen afectando a millones de europeos", ha dicho el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en un comunicado.

La legislación revisa la directiva en cuanto al contenido de azufre de determinados combustibles líquidos e incorpora nuevas normas de la Organización Marítima Internacional al derecho de la UE para garantizar su cumplimiento correcto y armonizado por todos los Estados miembros.

Con arreglo a las propuestas, el contenido máximo de azufre autorizado en los combustibles utilizados en el transporte marítimo en zonas vulnerables como el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha se rebajará del porcentaje anterior del 1,5 % al 0,1 % desde el 1 de enero de 2015. Otras zonas tendrán que registrar reducciones mayores incluso, desde el 4,5 % hasta el 0,5 %, a más tardar el 1 de enero de 2020.

Los buques podrán utilizar tecnologías equivalentes, tales como sistemas de depuración de gases de escape, como alternativa al uso de combustibles con bajo contenido de azufre. Otros cambios importantes propuestos son una notificación y verificación más unificadas y disposiciones sobre el muestreo ajustadas a las normas internacionales. La propuesta se aplicará progresivamente de 2015 a 2020.

El Ejecutivo comunitario ha admitido que "las nuevas normas representarán un desafío para los sectores afectados". No obstante, ha alegado que "el uso de tecnologías de reducción alternativas rebajará de forma importante los costes de cumplimiento y estimulará la innovación y la eficiencia en el uso de los recursos".

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