El desmantelamiento de Canal 9, al que probablemente seguirá el de otras cadenas autonómicas, es el fin de un modelo de televisión financieramente absurdo, socialmente ineficaz e insostenible en el tiempo. El modelo de canales autonómicos, puesto en marcha en el año 1983 por la Ley del Tercer Canal, reproducía los principales males que siempre han aquejado a RTVE: clientelismo y control político de la información, importantes déficits de gestión y elevada deuda, o lo que es lo mismo, graves desequilibrios entre ingresos y gastos.
Pese a contar con la FORTA, los responsables de las autonómicas apenas se aplicaron en generar economías de escala en la compra de programas, adquisición de material o compartición de redacciones y corresponsales. Muy al contrario, dedicaron una parte de su tiempo a competir entre ellos y TVE por la audiencia y la publicidad. Tanto que, a la postre, han conseguido que las dos grandes plataformas televisivas (Mediaset España y Atresmedia) concentren el 56% de la audiencia y el 90% de la publicidad televisiva.
El modelo de financiación
Como es sabido, el sistema de financiación de la radiotelevisión pública depende en un 80% de las subvenciones que reciban de sus Comunidades Autónomas, mientras que el resto procede los ingresos publicitarios y de otros ingresos absolutamente marginales.
Pero si en el año 2007, los canales autonómicos fueron capaces de facturar casi 355 millones de euros en publicidad, en el año 2012 solamente alcanzaron la cifra de 126,8 millones; es decir, casi tres veces menos. La solución a esta pérdida de ingresos, junto con la consiguiente reducción presupuestaria, trajo consigo la puesta en marcha de ERES y una enorme racionalización del gasto.
En el caso de Canal 9, la evolución de sus costes de personal sobre el total de gastos no es incluso muy llamativa, en comparación con Cataluña, Galicia o Aragón, aunque sí de las que más han crecido: del 18,27% en el año 2007 al 37% en 2012. Consecuencia lógica de las 1.029 personas que figuraban en plantilla ese primer año y las 1.717 del año 2012; es decir, un incremento en tan solo cinco años del 70% de su personal, si bien en el año 2008 entraron en el canal un total de 728 personas. Y, en cuanto al coste por habitante es de 28 euros al año; muy inferior al de País Vasco, con más de 72 euros, Baleares con 56 euros o Cataluña con 44 euros.
Males que aquejan a los canales autonómicos
En cualquier caso, los males de los entes autonómicos son de sobra conocidos, aunque entre algunos de ellos existan notables diferencias en su estructura y sistema de gestión:
Sobredimensionamiento de plantillas: Canal 9 –al igual que TV 3 y Canal Sur- ha llegado a contar con más empleados que Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta.
Interferencias políticas: que promovieron un modelo socioculturalmente ineficaz, incapaz de incumplir las premisas de servicio público que propiciaron su gestación, y que condujeron a una pérdida enorme de la credibilidad de sus informativos.
Gastos faraónicos: las primeras televisiones autonómicas negociaron primero de manera individual, y después de forma colectiva (FORTA), la difusión de los derechos de retransmisión del fútbol, y compartieron con Canal Plus (1990-1998) el monopolio de su difusión. Los males se agudizarían años después, cuando incluso la radiotelevisión autonómica valenciana pagaba por la Fórmula 1 cuando podía verse en abierto en La Sexta, u otras televisiones hacían lo mismo con partidos de fútbol que eran emitidos, al mismo tiempo, en los canales generalistas.
Delirios de grandeza: Emisiones vía satélite (canal extremeño incluido); disponer de dos, tres o incluso cinco cadenas, al estilo de la BBC o como si realmente fuesen un estado independiente
Descenso alarmante de la cuota de pantalla: cerraron el año 2012 con solo un 9,8% de cuota frente a un 17,6% en el año 2005, y salvo TV 3 han sido incapaces de ser líderes de audiencia en sus respectivas comunidades.
Escasa inversión en producción propia: cuando el 40% o una cifra mayor del presupuesto se destina exclusivamente a pagar nóminas, la producción propia se resiente. Como afirman algunos estudiosos del fenómeno, caso del catedrático de la Universitat Jaume I de Castelló, Javier Marzal Felici, tendría sentido mantener un canal autonómico si ayudase a vertebrar y mantener un tejido industrial en el sector audiovisual de la Comunidad, que proporcionase trabajo a las pequeñas y medianas empresas valencianas y fuese incubadora de proyectos de nuevas start ups.
Pero tal y como están las cosas, es probable incluso que, tras esta desaparición no exista ya tercera vía para algunas autonómicas: medios de titularidad pública pero gestión privada. Aunque sin duda, como piensan algunos buenos conocedores de la estructura televisiva, lo peor de todo es hurtarnos de nuevo el debate sobre las razones que han conducido a deudas de estos canales de casi 2.000 millones de euros y de una cantidad similar para mantenerlas anualmente. Y todo ello, además, sin consejos audiovisuales independientes y con escasísima legitimidad sociocultural. Pese a ello, no estaría de más preguntar a los ciudadanos de la comunidad valenciana y de otras comunidades hasta dónde están dispuestos a llegar con el pago de sus impuestos.