Construyeron con piezas recicladas dos potentes ordenadores, los conectaron a la red de la prisión sin conocimiento de los guardias, y los usaron para ver porno, llamar a sus familiares o darse permisos. “Se han encontrado monederos de bitcoin, cuentas bancarias y de [la plataforma de negocios en red] strip”, se afirma en el informe de la investigación del departamento de prisiones de Ohio (Estados Unidos). “La presencia de tarjetas de crédito apunta también a robo de identidades y otros cibercrímenes”.
La peripecia tecnológica la han perpetrado durante meses Adam Johnston y Scott Spriggs, dos presos de la Institución Correccional de Marion, en Ohio. Les pillaron en julio de 2015, pero sólo ahora se han conocido los detalles de los hechos, después de que se haya publicado el largo informe oficial de la investigación.
Se pasaron con la cuota de uso
Los presos participaban en un programa de reinserción Iniciativa Verde, que consistía en aprender a reciclar partes electrónicas desechadas.
Ellos aprovecharon los componentes, destinados al contenedor de la basura, para montar sus propias máquinas, completamente funcionales. Después las escondieron en un falso techo de la cárcel.
El personal informático de la prisión empezó a percatarse de que algo extraño estaba ocurriendo porque recibían alertas de exceso de tráfico en la cuenta de internet de la prisión.
Todo venía de un ordenador que no identificaban como parte de su red, el “lab9”.
La sorpresa llegó cuando trataron de localizar el origen de ese gran volumen de tráfico: el conmutador localizado en la sala de formación. Allí, ocultos en un armario y en un falso techo, se encontraban las dos máquinas y el centro neurálgico de la red pirata.
El listado del contenido de los discos duros muestra que estos reos alcanzaron unos conocimientos sustanciales no sólo de hardware, sino también de software.
Conseguían emitir pases para ellos a zonas normalmente vedadas u obtener información de otros presos. Habían solicitado electrónicamente tarjetas de crédito para cinco reos. Hablaban con sus familias a través de servicios de videollamadas VoIP.
Tenían herramientas informáticas instaladas de todo tipo: para el robo de contraseñas, para el lanzamiento de ataques o de spam por correo electrónico.
Tras ser descubiertos, en noviembre de 2015 los presos fueron trasladados a otras instituciones.