“No podemos aceptar que los gigantes de Internet puedan crear valor a partir de los datos de los europeos y no pagar por ello. Cómo les explicamos a las pymes que deben pagar religiosamente sus elevados impuestos mientras Google, Amazon, Facebook, Apple y otros pagan cantidades extraordinariamente bajas”, se quejaba hace unos días el nuevo ministro de Economía y Hacienda francés, Bruno Le Maire. Su protesta es una de tantas dentro de la Unión Europea (UE) en los últimos meses. Las instituciones europeas ya contemplan tres escenarios para conseguir que las grandes tecnológicas estadounidenses aporten gravámenes proporcionados a los ingresos que generan en el Viejo Continente.
España ha perdido 482 millones, Reino Unido 810 millones y Alemania otros 889 millones. En total se estima que Google y Facebook deberían haber aportado 5.400 millones de euros entre 2013 y 2015 en toda la UE, o así lo asegura el informe Las pérdidas de ingresos tributarios en la UE: el caso de Google y Facebook elaborado por el eurodiputado holandés Paul Tang. El miembro del Partido Laborista ha llegado a la conclusión analizando los márgenes de beneficios en las cuentas consolidadas a nivel mundial de estas compañías y calculando qué se obtendría sobre los tipos estipulados. Los datos corroboran que Google solo aportó al fisco el 0,8 % de sus ingresos y Facebook el 0,1 %, mientras que Amazon apenas tributó porque registró pocas ganancias durante estos dos años.
La vía francesa
La opción que más peso ha cogido durante estas semanas procede del Gobierno francés. Le Maire ha propuesto a los socios una vía rápida para lograr que las tecnológicas tributen en base a la cifra de negocio que consigan en cada país. Es decir, establecer un impuesto sobre el volumen de facturación. La idea ha recibido el beneplácito de España, Italia y Alemania. “Es una cuestión de justicia fiscal y de afirmación de nuestra fuerza nacional y europea”, ha subrayado el ministro galo.
“Las dificultades políticas de tener una solución global son tales que es necesario actuar en el corto plazo», manifestó en este sentido el ministro de Economía español, Luis de Guindos, a la salida del Ecofin en Tallín (Estonia) del pasado 16 de septiembre, donde se abordó el tema. Los ministros de finanzas europeos coincidieron a la hora de señalar que el problema está en que la ingeniería contable -tax rulings- es legal en Europa.
En Bruselas todavía molesta la jugada de Apple en 2011. La compañía de la manzana, gracias a su acuerdo fiscal con la República de Irlanda, obtuvo más de 16.000 millones de euros en beneficios; sin embargo, únicamente tributó 50 millones o, lo que es lo mismo, el 0,05 % de sus ganancias.
Irlanda y Luxemburgo serían las principales perjudicadas con esta medida, y, seguramente se opondrán a su aplicación debido a que podrían perder el atractivo para las grandes multinacionales con el nuevo marco. Las reformas fiscales necesitan la unanimidad de todos los Estados miembros, un factor que ha bloqueado varios proyectos de este tipo en el pasado. “También es posible aplicarse unilateralmente, pero nos expondría a una mayor fragilidad legal”, afirmó Le Maire al ser preguntado por el hipotético veto.
Otros dos planes alternativos
La segunda opción que se baraja en el seno de la Unión Europea es imponer una tasa sobre los ingresos generados por estas multinacionales gracias a la provisión de servicios digitales y a las actividades publicitarias. Este arancel podría aplicarse a todas las transacciones que se efectúen a distancia con el consumidor cuando la empresa no tenga residencia en el territorio pero sí cuente con una presencia económica «significativa».
Es la apuesta de la Comisión Europea, presidida por Estonia y que ha recibido buenas críticas de los expertos: “Es competente y va en la buena dirección”. No obstante, se trata de la más lenta, debido a que necesita el apoyo de organizaciones internacionales como la OCDE y el G20 para definir el término “presencia digital”. La solución verá la luz en abril de 2018 con el informe de la OCDE sobre la problemática de empresas digitales que no pagan impuestos en los países donde hacen negocio.
La tercera alternativa pasa por crear una retención fiscal sobre ciertos pagos efectuados a proveedores no residentes de bienes y servicios solicitados online. Una idea simple pero que todavía genera algunas dudas como la responsabilidad de contabilizar las obligaciones tributarias, los mecanismos necesarios para su cumplimiento y el pago de dichas obligaciones.
El primer paso para solventar un problema es reconocer el error. Bruselas, en este sentido, ya ha admitido que el marco fiscal actual «no se ajusta a las realidades modernas», puesto que las reglas actuales «fueron diseñadas para la economía tradicional» y «no pueden capturar actividades que se basan cada vez más en activos intangibles y datos». Ahora solo falta determinar cuál es la solución más efectiva y que garantice un escenario fiscal justo, efectivo y competitivo.