La denuncia interpuesta por dos agentes de movilidad de Madrid contra la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, por huir cuando iba a ser multada refleja que desobedeció a la autoridad, lo que según el Código Penal puede ser sancionado con multa de 10 a 60 días.
El secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, Jesús Méndez, ha rechazado, en declaraciones a Efe, dar detalles concretos del contenido de la denuncia porque «es una comparecencia sobre lo que sucedió y es el juez el que imputará el delito correspondiente».
Sí ha confirmado que en la denuncia consta que Aguirre había aparcado en el carril bus, lo que supone una sanción administrativa de 200 euros que se reduce a la mitad si se paga pronto, y también que no atendió al alto de los agentes de movilidad, que son agentes de la autoridad en tráfico.
Si el juez entiende que ha cometido este último delito, será el magistrado el que imponga la sanción correspondiente.
Fuentes policiales han explicado que Aguirre pudo incurrir en la falta contra el orden público prevista en el artículo 634 del Código Penal, que prevé una multa de diez a sesenta días para «los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones».
La cuantía de la multa la determina en juez, normalmente en función de las condiciones económicas del imputado, según las mismas fuentes.
El representante sindical de los agentes de movilidad ha aclarado que Esperanza Aguirre «no pudo estar veinte minutos» parada en la Gran Vía porque los agentes «no pudieron completar la notificación de la multa porque les entregó unos documentos pero faltaban otros, y cuando supuestamente entró al coche a cogerlos se dio a la fuga».
En cuanto a la críticas vertidas ayer por la presidenta del PP de Madrid contra la actitud de los agentes de movilidad, Méndez ha dicho que «no va a contestar a esos comentarios», aunque ha dejado claro que le parece «una vergüenza y algo bochornoso que un personaje público maltrate, insulte y veje» de esa forma a agentes de la autoridad en materia de tráfico.
Ha subrayado asimismo que ayer los agentes de movilidad «no fueron respaldados ni acompañados por ninguno de sus mandos ni por nadie del Ayuntamiento de Madrid», sino únicamente por el sindicato, y que recibieron «un trato diferente al habitual» en la comisaría de la Policía Nacional.
Los agentes de movilidad se encuentran bien y previsiblemente este tarde se incorporarán a su puesto de trabajo.
Csit-Unión Profesional, a la que pertenece el Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, ha expresado su solidaridad con los agentes implicados en el incidente porque «recibieron un trato diferente al de cualquier ciudadano» en la comisaría de Policía Nacional debido a «la lentitud para interponer la denuncia y la dificultad para recibir copia de la misma una vez interpuesta».
Ha sostenido que los dos funcionarios «realizaron su labor de la misma forma que lo habrían hecho en el caso de un ciudadano anónimo, siguiendo el mismo procedimiento establecido para ello» y que «a pesar de la trascendencia mediática y la presión a la que estuvieron sometidos, sorprendentemente, ni un solo responsable municipal del Cuerpo se personó para acompañarles».
Csit ha recordado que el colectivo de agentes de movilidad está formado por 700 efectivos que llevan tiempo reivindicando la cobertura de 500 plazas «que desde 2009 ha ido suprimiendo el consistorio» y les supone una sobrecarga de trabajo.