Sábado 08/09/2018.

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Temer crea el Ministerio de Seguridad, pero no detalla la intervención en Río

El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció hoy en Río de Janeiro la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, pero no definió cómo será realizada la inédita intervención federal que implica la presencia del Ejército en ese estado brasileño golpeado por la violencia.
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El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció hoy en Río de Janeiro la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, pero no definió cómo será realizada la inédita intervención federal que implica la presencia del Ejército en ese estado brasileño golpeado por la violencia.

Temer adelantó la constitución de un ministerio "extraordinario" tras una reunión celebrada hoy en Río de Janeiro en la que estuvieron presentes el gobernador del estado, Luiz Fernando Pezao; el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, y el general Walter Souza Braga Netto, nuevo responsable por la seguridad en esa región.

El encuentro, al que también acudieron diversos ministros de Temer, fue convocado para detallar el decreto promulgado el viernes por el cual se cede al Ejército el control de la seguridad de Río de Janeiro.

Temer, sin embargo, no explicó a la prensa cómo funcionará el dispositivo de seguridad, ni cuales serán los límites de actuación de los militares, que hoy patrullaron algunos puntos de la ciudad.

En un breve discurso, Temer dijo que la situación de Río es "intolerable" y que la intervención tiene como objetivo proteger a los "más vulnerables", pero no abordó los aspectos técnicos de una medida "extrema" que ha generado críticas en algunas organizaciones sociales.

El presidente brasileño hizo hincapié en la constitución de un ministerio extraordinario para coordinar la seguridad pública de los diferentes estados de Brasil, mientras en Río se abrió hoy un capítulo inédito con la presencia de un general como comandante del área de seguridad del estado.

Desde hace más de un año, Río de Janeiro se encuentra en el centro de una espiral de inseguridad que ha dejado un rastro de violencia, con imágenes impactantes de robos y saqueos durante el carnaval en algunas de los puntos más turísticos de la ciudad y tiroteos que se repiten en diferentes partes de la ciudad.

La creciente e indiscriminada violencia urbana causó tan solo el año pasado 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños, muchos alcanzados por las llamadas "balas perdidas".

Además de las cuestiones en el campo de la seguridad, la cesión del control al Ejército también ha abierto un interrogante sobre la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones de Brasil, un elemento clave de la política económica de Temer, quien tiene serios problemas para llevar adelante la propuesta en medio a la falta de apoyo de ese proyecto en pleno año electoral.

El Congreso tenía previsto iniciar esta semana las discusiones sobre la reforma, pero el análisis podría quedar para finales de febrero o incluso enterrada después de la intervención.

De acuerdo con las leyes brasileñas, mientras está en marcha una intervención federal no puede ser realizada ninguna alteración de la Constitución, incluida una propuesta de enmienda constitucional, como es el proyecto de las pensiones.

No obstante, Temer admitió el viernes que si el Gobierno tiene votos suficientes para llevar adelante la medida, se podría "cesar" el decreto que permitió ceder el control de la seguridad a un general militar, aunque el Gobierno hasta el momento no ha recabado el número de apoyos necesarios para dar luz verde al texto.

"Si llegamos a la conclusión de que tenemos más de 308 para aprobar, yo ceso la intervención y entonces se vota el texto", aseguró Temer la víspera en una entrevista radiofónica.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, quien también participó en la reunión, evitó hablar sobre la votación de la reforma del sistema de pensiones, pero expresó su apoyo a la intervención federal en el área de seguridad.

"La intervención iniciará un proceso de recuperación del área de seguridad, pero en diez meses no se resolverán todos los problemas, es un problema que está desde la década de los 80", precisó.

El decreto, que se prolongará hasta final de año, ya está en vigor, pero deberá ser votado por el Congreso el próximo lunes.

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