Los abogados de los detenidos ayer por la organización del referéndum del 1-O han advertido hoy que sus clientes sufren «indefensión» y una «total vulneración de derechos básicos» en unos procedimientos judiciales caracterizados por «la arbitrariedad» y las «irregularidades procedimentales», han dicho.
Fuentes de la defensa de los catorce detenidos ayer por la Guardia Civil han indicado hoy que tienen la impresión, a medida que pasan las horas, de que «hay ahora mismo una suspensión de facto de cualquier derecho y garantía» y que en los tribunales «no hay muchos miramientos a la hora de vulnerar derechos, porque predomina el objetivo estratégico de tratar de impedir el referéndum».
Han confirmado, en este sentido, que la recusación que han presentado contra el juez titular del juzgado número 13 «se basa en causas objetivas» y no subjetivas por «las arbitrariedades cometidas durante la instrucción».
En concreto, la defensa de los detenidos considera que dicho juez ha cometido «falsedad documental» al evidenciarse «la contradicción» en sus escritos entre su afirmación de que no investigaba el referéndum, sino la denuncia original de una conferencia pronunciada por el juez Santi Vidal, y «sus posteriores pronunciamientos» en los que avala las actuaciones policiales por la organización del 1-O.
«Estamos viendo que lo que se hace es mentir para proteger lo que se está haciendo» y sólo así se explica, añaden las mismas fuentes, que «habiendo presentado el pasado mes de julio una petición para que se levantara el secreto del sumario, ésta haya sido retenida hasta ahora por el mismo juez».
La recusación contra dicho juez será examinada por la sección novena de la Audiencia de Barcelona, pero mientras tanto los abogados dicen encontrarse con «una falta de información absoluta» sobre quién ordenó las detenciones, e incluso sobre los delitos concretos, porque la acusación de «sedición» figura en los atestados de la Guardia Civil pero no en la de los del juzgado, según su relato.
«Todo el procedimiento está diseñado estratégicamente para la supresión de las garantías normales en los procedimientos penales con la finalidad política concreta de tratar que los catalanes no puedan votar el 1 de octubre», han apuntado las fuentes.
Sólo así se explica, han añadido, que habiendo presentado ayer a las 18 horas peticiones de «habeas corpus», que es un procedimiento «urgente e inmediato», hasta esta mañana «aún no hayan sido resueltos en su totalidad».
El juzgado que tiene que resolver estos procedimientos es el 30 pero los abogados consideran que «siguiendo las normas tenía que haber sido el 12».
Además, según los abogados de los detenidos, «ayer la Guardia Civil no comunicó las detenciones al Colegio de Abogados», lo que provocó que éstos no supieran dónde habían sido trasladados los detenidos ni pudieran ponerse en contacto con ellos hasta horas más tarde.