Domingo 25/08/2019.

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Defensa de la Sanidad Pública cree que la nueva Ley de Mutuas supone un "recorte" a los derechos de los trabajador

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha analizado el Anteproyecto de la Ley de Mutuas aprobado por el Gobierno que modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, a su juicio, pretende "potenciar" el negocio de las mutuas y "aplicar nuevos recortes" a los derechos de los trabajadores.
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Según explica, "este cambio legal permitirá a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales involucrarse en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes desde el primer día de la baja".

La federación considera se pretende que las Mutuas "asuman el control de las prestaciones por enfermedad común en detrimento de los Servicios Públicos de Salud de Salud de las comunidades autónomas". Con este poder las Mutuas pasarán de estar sometidas al control de "los servicios públicos de la Seguridad Social a ser las controladoras de las mismas", advierte.

Además, sostienen que esta medida pretende compensar a las mutuas de las perdidas por la crisis; privatizar la asistencia sanitaria de los trabajadores trasformado las Mutuas en Concesiones Administrativas, que gestionaran la Incapacidad Laboral por enfermedad de acuerdo al modelo de Nuevas Formas de Gestión Privada; y "contribuir" al cambio de modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Rajoy que "pretende sustituir el Sistema Nacional de Salud, público, universal, accesible, equitativo y redistributivo, en un modelo basado en el aseguramiento".

Sin embargo, con este cambio se pone bajo sospecha a los trabajadores a los que "se achacan una conducta fraudulenta y defraudadora de las bajas por enfermedad"; por otro lado, añade, los médicos de Atención Primaria verán mermadas sus competencias en la atención de sus enfermos cuando necesiten una baja o un alta laboral.

Asimismo, cree que a la larga se incrementará la burocracia de los médicos de Atención Primaria al obligar a manejar una documentación administrativa muy compleja y a incrementar el número de informes a cumplimentar; al tiempo que se acaba con el derecho de los trabajadores a la confidencialidad de su historial clínico todos los datos sobre su salud.

Finalmente, "se privatiza la gestión de las prestaciones por enfermedad que pasarán del ámbito sanitario al burocrático-administrativo mediante unas Mutuas que tienen conflictos de intereses con las empresas a las que prestan este servicio".

PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Desde la federación proponen establecer la unidad e integralidad del sistema de la atención y gestión de las bajas por enfermedad; mantener a los médicos de familia como los responsables de la atención y gestión de las bajas laborales; y devolver a los inspectores de los servicios de salud pública la función de control y supervisión de estas prestaciones.

Asimismo, piden que se suprima su capacidad para "controlar, citar, solicitar pruebas, tratar y dar el alta del INSS y de las Mutuas patronales"; además de que se revise el papel de las Mutuas en la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal, reintegrando esta función al sistema público.

Por otro lado, creen recomendable que se simplifiquen los procedimientos para la gestión de las incapacidades temporales; poner en marcha una estrategia integral e integrada, dotada de medios y recursos suficientes; potenciar y dotar adecuadamente la Atención Primaria y la Inspección Médica, para garantizar su capacidad resolutiva y el control de los enfermos de baja; poner en marcha una estrategia para mejorar la eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera que prolongan innecesariamente las bajas por enfermedad; y dar participación a todos los sectores y agentes sociales implicados.

Además, pide que se abandone la estrategia privatizadora de la gestión de la incapacidad temporal, reintegrando las competencias y recursos en manos de las mutuas al sistema de salud; y que se ponga a disposición del sistema sanitario públicos, especialmente a los servicios de Atención Primaria, la información sobre accidentes y enfermedades laborales en poder de las mutuas, para poder diseñar estrategias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

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