Martes 24/10/2017.

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Farmaindustria pide al Gobierno que recurra la decisión de la Junta andaluza de convocar una subasta de medicamentos

Solicita que interponga un Recurso de Inconstitucionalidad
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La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, ha anunciado este miércoles que va a solicitar al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley, establecido por del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, que anuncia la convocatoria de una subasta para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de la comunidad en caso de prescripción por principio activo.

Asimismo, lamenta que el Servicio Andaluz de Salud haya decidido sacar adelante esta iniciativa "pese al rechazo que su anuncio ha generado entre los distintos agentes sanitarios" y, recuerda, que "la difícil situación que atraviesan actualmente las comunidades exige el abordaje de posibles soluciones de forma conjunta".

A su juicio, Decreto-Ley Andaluz "vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado"; además de que rompe con la básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones, y supone una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica, "reconocida como mínima y común por la normativa estatal".

Con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aún a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la prestación farmacéutica del SNS y cumplir las condiciones establecidas por la legislación estatal para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo, cercenando el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos en la búsqueda de unos ahorros que en ningún caso van a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del sistema público de salud.

Constituye, pues, "un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y generando un desequilibrio en la prestación farmacéutica del SNS".

Además, para el sector implica una "grave restricción" de la competencia para las compañías farmacéuticas, muchas de las cuales, entiende que "van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos".

Esta limitación, que afecta especialmente a los laboratorios innovadores, podría infringir lo dispuesto en el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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